Foto de una playa en Formentera
Foto de una playa en Formentera. EUROPA PRESS

Cualquier persona que desee viajar con su coche o moto a Formentera o empresa que quiera alquilar vehículos en la isla desde el verano de 2019 deberá tener un permiso previo que concederá el Consell insular en virtud de una ley pionera en España que ultima el Govern balear para reducir la presión turística.

Formentera alcanza en plena temporada alta los 47.000 residentes de hecho, entre visitantes, vecinos y trabajadores de servicios, casi cuatro veces su población empadronada, y unos 30.000 vehículos circulan por una red viaria total de 38.500 metros de longitud, una presión que el Govern, atendiendo a la demanda unánime de las fuerzas políticas formenterenses, se ha propuesto aliviar.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha detallado este jueves el contenido del borrador de la Ley de Medidas Urgentes de Sostenibilidad Ambiental y Turística para la Isla de Formentera. La ley, que se aprobará a finales de este año o principios de 2019, habilitará al Consell de Formentera a fijar un techo de vehículos en temporada turística que incluirá los coches y motos de los residentes, las flotas de las empresas de alquiler y tarjetas asignadas a visitantes que tendrán que ser solicitadas con antelación y serán imprescindibles para desembarcar en la isla.

La incomodidad que la circulación diaria de los 30.000 vehículos que se acumulan en la Formentera en temporada alta y el "riesgo de ruptura del equilibrio medioambiental" que generan justifican la adopción de medidas inéditas en España y que solo cuentan con precedentes en la isla italiana de Capri, ocho veces menor, y en algunas islas aún menores de los Países Bajos, ha indicado Pons.

Garantizar el derecho de circulación de los residentes

Actualmente hay registrados en la isla unos 10.000 vehículos de residentes y otros tantos de empresas de alquiler, mientras que los otros 10.000 de la temporada alta son principalmente los que llevan las empresas de alquiler para atender la demanda de turistas.

Aunque ha eludido cifrar el techo que deberá fijarse, Pons ha asegurado que el propósito es reducir los 30.000 garantizando el derecho de circulación de los residentes, el transporte de mercancías y el de personas con movilidad reducida, así como fomentando los vehículos eléctricos.

El número de vehículos que podrá tener cada residente, las excepciones para los trabajadores de temporada, las fórmulas de adjudicación de las tarjetas para flotas de alquiler y el cupo que se reservará para vehículos particulares foráneos son detalles que corresponderá fijar al Consell insular cada temporada.