Los servicios administrativos del departamento de Bienestar Social de la DGA han calificado por ahora como grandes dependientes a 3.936 personas, de las 14.313 que solicitaron algún tipo de asistencia por incapacidad. El Gobierno aragonés quiere cumplir el mandato de la nueva ley estatal de dependencia, que obliga a que estas personas reciban apoyo antes de fin de año.

La Administración autonómica había valorado hasta el pasado 21 de diciembre las solicitudes formuladas por 11.297 personas, de las más de 14.000 que desde el pasado mes de abril habían demandado algún tipo de asistencia o subvención contemplados en la nueva Ley de Dependencia, lo que representa el 76,18% de las peticiones.

De esas valoraciones, casi 4.000 han sido calificadas como grandes dependientes, quienes deben recibir ayudas antes de que acabe el año en forma de ingresos en residencias, mediante centros de teleasistencia o bien con dinero en metálico.

La gestión administrativa para que se cumpla este mandato, cuyo compromiso adquirió recientemente el propio presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, está ya prácticamente ultimada. En la DGA no se garantiza que las asistencias se materialicen esta misma semana, aunque se insiste en que es poco probable que se produzcan dilaciones.

El pasado viernes, los gobiernos autonómicos y el Estado negociaron el sistema de financiación de las ayudas a la dependencia, que asumen ambas administraciones.

Análisis exhaustivo

La asignación de ayudas a la dependencia se decide tras una compleja supervisión. Cada una de las más de 14.000 solicitudes de ayudas planteadas a la DGA son analizadas de forma individual por trabajadores sociales, quienes se entrevistan personalmente con los demandantes y valoran cada caso. Paralelamente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) gestiona un programa individual de atención a cada solicitante. Tras esto, la Dirección General de Atención a la Dependencia decide sobre las ayudas que se han de asignar.

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