Así lo ha indicado este jueves, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien ha explicado que la Benemérita está "a expensas de la iniciativa" que adopte la Fiscalía de Menores, que es "la competente en esta materia".

En ese sentido, el delegado ha recordado que los menores supuestamente involucrados en este asunto "son inimputables en algunos casos", puesto que sus edades "parece que oscilan entre los doce y los 14 años", siendo alumnos de primer y segundo curso de la ESO, según las primeras informaciones.

Ha explicado que la Guardia Civil se puso este miércoles por la noche "en contacto con la familia del menor" supuestamente violado y está realizando los informes oportunos", de forma que "se está recabando la información y desarrollando la investigación" oportuna, y "todo ello se trasladará a la Fiscalía de Menores, que es la competente en esta materia".

El delegado ha precisado que este miércoles por la noche aún se estaba "formalizando la denuncia" sobre esta supuesta violación, por lo que aún no podía confirmar detalles de la misma "tal como está presentada".

En ese sentido, Sanz ha apuntado que, "anoche, la información que ya teníamos sobre este asunto dependía de la denuncia que se planteara", y la Benemérita se puso en contacto con la familia del menor que habría sido agredido "para recabar toda la información".

Ha apuntado que "parece que los hechos pudieron desarrollarse en el propio centro educativo a la hora del recreo, según los testimonios que existen", pero ha insistido en que no podía "dar más detalles concretos" acerca de la fecha en la que se habría producido el suceso "porque estamos a la espera de la información", ya que, según ha reiterado, "la denuncia se estaba formalizando".

El delegado ha confirmado que "todos nos hemos puesto a disposición de la familia para ayudarles, asesorarles en la medida de lo posible, tanto la Guardia Civil como las autoridades sociales y educativas de la comunidad autónoma", al tiempo que ha recordado que las decisiones que se adopten en el ámbito educativo -como posibles expulsiones de alumnos- "corresponden a la comunidad autónoma".