Juzgado vacío en la primera huelga de la justicia en Galicia
Juzgado vacío en la primera huelga de la justicia en Galicia EUROPA PRESS

La segunda jornada de huelga indefinida en la justicia en Galicia ha arrancado este jueves con un seguimiento próximo al 90 por ciento en los juzgados gallegos, donde se ha producido la suspensión de centenares de juicios, según los datos facilitados a Europa Press por distintas fuentes sindicales.

En concreto, según ha informado el Comité de Huelga, el porcentaje de trabajadores públicos del sector judicial autonómico que la secundan se sitúa entre el 81 por ciento y el 95 por ciento en las ciudades, cifras similares a la primera jornada.

Así, el seguimiento más elevado, con datos sindicales, está en Vigo y Pontevedra, donde no trabajan el 95 por ciento de los empleados públicos. En la ciudad olívica, este jueves se han suspendido 150 juicios y hay 800 demandas bloqueadas, mientras que en los juzgados de A Parda, en la ciudad del Lérez, trabajan seis personas y se han tenido que suspender numerosos juicios, entre ellos dos vistas por casos de abusos sexuales.

En Ourense, por su parte, el paro es ligeramente superior al de la primera jornada, indican fuentes sindicales, del 94,4 por ciento. Se han suspendido 69 juicios, siete tomas de declaraciones, una videoconferencia, una rueda de reconocimiento y una exploración.

En Lugo el seguimiento ronda el 87,3 por ciento, con 23 trabajadores en activo, mientras que en Ferrol se sitúa en el 83 por ciento. En A Coruña, con 120 juicios suspendidos, participan en el paro el 81 por ciento de los trabajadores.

LA XUNTA REBAJA EL SEGUIMIENTO

La Xunta de Galicia, por su parte, ha rebajado hasta el 42,11 por ciento el seguimiento de la segunda jornada de huelga en la justicia, un dato similar al proporcionado este miércoles.

A través de un comunicado, la Administración gallega ha asegurado que los servicios mínimos se están cumpliendo en su totalidad y que participan en el paro 1.137 trabajadores de un total de 2.700.

Por provincias, los datos de la Xunta indican un seguimiento en los paros del 40,12 por ciento en A Coruña, del 35,92 en Lugo, del 49,27 en Ourense y del 48,91 en Pontevedra. En el cálculo de estos datos incluye que 118 funcionarios no acudieron a sus puestos por ausencia justificada y 770 cumplieron servicios mínimos.

La Xunta ha mostrado su "respeto al ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores", aunque ha apelado a su "responsabilidad" para no "perjudicar a la ciudadanía" y ha mantenido su "disposición a dialogar".

UNOS 2.500 TRABAJADORES AFECTADOS

El conflicto afecta a unos 2.500 trabajadores ligados al sector judicial gallego y se asienta en cinco reivindicaciones. Hubo avances en las ligadas a la consolidación de empleo, amortizaciones y cobertura de compañeros de rango superior, pero se han enquistado los puntos relativos al apartado retributivo y a la "discriminación" que, según los sindicatos, sufren los funcionarios que dependen de la Administración autonómica en las bajas por incapacidad temporal.

La Xunta mantiene que el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador público es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas, e insiste en que la propuesta autonómica sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".

En concreto, la Xunta plantea un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. Eso sí, el incremento, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

Además la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.

A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Además, inciden en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021. En palabras de Tejada, la oferta "generosa" que defiende la Xunta, es en realidad "pírrica".

Enfrente, el Gobierno gallego dice que una aplicación inmediata de un incremento podría contravenir la normativa básica (la Ley de los Presupuestos Generales del estado) y no se puede formalizar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subrayó este mismo miércoles que sería "ilegal" aplicarla este año.

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