El TSJCV considera que el auto del pasado 2 de febrero que acompañaba a la autorización del desmontaje y obligaba al Ayuntamiento de la localidad a custodiar la cruz retirada ya supone una resolución de las medidas cautelares, por lo que desestima la solicitud de la entidad.

El pasado 2 de febrero la sala dictó dos resoluciones en las que autoriza al Ayuntamiento de Callosa de Segura a concluir los trabajos de retirada de la Cruz de los Caídos y el pedestal ubicados en la plaza del municipio. No obstante, ordenó que se conservara la cruz hasta que se dicte una sentencia firme que resuelva sobre el asunto y fije "definitivamente" su destino.

Ahora, según ha informado el TSJCV, la misma sala del alto tribunal valenciano ha vuelto a desestimar la solicitud de medidas cautelarísimas efectuada por la Plataforma en Defensa de la Cruz al entender que en esas dos resoluciones del ya se ha resuelto sobre las medidas cautelares.

La retirada de la cruz se llevó a cabo en la madrugada del pasado 29 de enero, bajo un importante despliegue de seguridad para evitar incidentes ya que desde el 26 de diciembre de 2016, un total de 401 días, permanecían concentrados junto a ella miembros de la Plataforma en Defensa de la Cruz. Durante el dispositivo, dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidos por supuestamente alterar el orden público al lanzar petardos a la zona donde estaban trabajando los operarios. Además, un agente resultó herido leve porque uno de los petardos le ha afectado a un oído.

Ese mismo día, el TSJCV ordenó al Ayuntamiento de Callosa del Segura "el cese inmediato de los trabajos de destrucción/retirada de la Cruz de los Caídos, y/o su traslado a cualquier lugar" al estimar un recurso de la parte contraria a la retirada.

En sus resoluciones posteriores, el alto tribunal valenciano levantó las medidas cautelarísimas acordadas, rechazó adoptar las cautelares pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e impuso al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para que sea "perfectamente viable" la reconstrucción del conjunto si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a la entidad recurrente.