Narcís Serra
El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Toni Garriga / EFE

El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el ex director general Adolf Todó declararán en la Audiencia Nacional el próximo 20 de febrero en calidad de investigados por el presunto agujero de más de 720 millones de euros causado a la entidad con operaciones inmobiliarias irregulares.

En un auto conocido este miércoles, el juez Ismael Moreno emplaza a otros trece altos cargos de la caja para esa misma semana, entre ellos al que fuera vicepresidente de Catalunya Caixa en 2007 y presidente de Enagás, Antonio Llardén, que comparecerá ante el titular del juzgado central de Instrucción número 2 el próximo día 22.

El 20 de febrero declarará el ex director general de la entidad, José María Loza, en tanto que un día más tarde se someterán al interrogatorio el director general adjunto entre 1998 y 2005 Lluís Gasull y los exdirectivos Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güell.

El jueves 22 será el turno de tres de los antiguos miembros de la comisión ejecutiva de Catalunya Caixa, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echániz; mientras, Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn cerrarán ese viernes el primer turno de declaraciones, acordado casi un año después de la admisión a trámite de la querella de Anticorrupción.

La presente causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

En su escrito, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

El Ministerio Público señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión".

De este modo, la caja habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados".

Asimismo, la Fiscalía destaca que el Consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevara estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente. Límites que posteriormente se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

El fiscal, que inició las diligencias a instancias del Fondo de Estructuración Ordenada Bancaria (FROB), señala que durante 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.

Unas irregularidades entre las que también identifica un posible conflicto de interés, ya que varios terrenos eran propiedad de alguno de los socios.

Al margen de la presente causa por presunta administración desleal, Serra y Todó se encuentran pendientes del juicio por los presuntos sobresueldos concedidos a la cúpula de la caja cuando sufría pérdidas e iba a ser intervenida por el FROB, en el que la Fiscalía solicita hasta cuatro años de prisión.

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