El veredicto, leído este miércoles en audiencia pública, indica que M.G.L. es autor de delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, y acuerda por unanimidad negar al acusado la posibilidad de remisión de penas o de petición de indulto. Desestima, asimismo, que concurran las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y colaboración con la justicia interesadas por la defensa.

El jurado popular ha considerado principal prueba de cargo contra el funcionario en el delito de malversación las testificales en sala del empleado de caja y del interventor de la sucursal bancaria donde se produjeron los cobros, quienes lo señalaron "como la única persona que cobró los cheques", y el informe patrimonial sobre el acusado elaborado por la Policía Nacional que recogía "coincidencias temporales entre los reintegros y frecuentes ingresos en pequeñas cantidades en sus cuentas personales".

Han reconocido una única excepción entre los cheques investigados, en concreto uno, nominativo, expedido a favor de una empresa de comunicación de la provincia por 6.972 euros y cuyo importe no han considerado probado revertiera en él.

Con respecto al delito continuado de falsedad en documento mercantil, el veredicto hace alusión también a la testifical de los trabajadores de la entidad financiera, quienes declararon que firmó "en su presencia" tanto "el anverso como el reverso" de los cheques cuando cambió la normativa del banco al respecto, y que, aunque no comprobaron el DNI, consignó un número que era similar al suyo aunque modificado en un dígito.

Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha elevado a definitivo su escrito de acusación y ha solicitado ocho años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta al tiempo que ha descontado de la responsabilidad civil interesada el cheque nominativo. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular, ha modificado su escrito en el que pedía 10 años de prisión y se adherido íntegramente a lo solicitado por el Ministerio Público.

Por su parte, el abogado del BBVA, incluido en el procedimiento como responsable civil subsidiario, ha pedido que se desestime y ha vuelto a aludir a la "imprudencia gravísima" reconocida por el Gobierno andaluz, al "ánimo de engañar al cajero" del acusado y a la "falta de control" de la Junta frente a la "falta de mala fe" de la entidad.

La defensa de M.G.L. ha interesado la pena mínima prevista en el Código Penal para estos delitos y ha pedido al magistrado presidente del tribunal que pondere si procede aplicar la reforma de 2015 y el concurso medial.

HECHOS

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y medio era titular de una cuenta en la que se recogía el canon que deben pagar los adjudicatarios de aprovechamiento de montes de titularidad municipal, correspondiente al Fondo de Mejora Forestal de la Consejería de Medio Ambiente en Almería. Desde su apertura en 1986, esa cuenta solo recogía abonos procedentes de las tasas cobradas y su utilización "estaba reservada" para actuaciones en montes "sin que se utilizara para la realización de ninguna inversión". Su saldo a fecha de 26 de febrero de 2009 era de 279.837,62 euros.

La citada cuenta estaba sujeta a fiscalización por parte del servicio de Intervención de la Junta de Andalucía, "ni se realizaba control alguno sobre la misma por parte de los responsables de la Delegación" pero como personas autorizadas para hacer disposiciones en la cuenta figuraban, entre otros, M.G.L., funcionario con plaza en el Servicio de Gestión del Medio Natural, si bien "ejercía sus funciones en el servicio de gestión económica, figurando con tal autorización desde marzo de 1997 hasta junio de 2010, en que fue dado de baja como clavero".

Ante esta situación, el funcionario, "con la intención de obtener un lucro ilícito, conocedor de la falta de uso y control de la cuenta, y teniendo conocimiento del dinero en ella existente", procedió presuntamente a realizar "diversas extracciones de caja mediante el uso de talones bancarios, incorporando el dinero a su patrimonio".

La investigación dividió las extracciones en dos periodos temporales; el primero abarcaría de febrero a abril de 2009 y en el transcurso de este habría hecho uso de "49 talones al portador de la entidad bancaria firmados por él" y que alcanzaron un importe total de 134.300 euros. Estos talones, según destaca, fueron abonados al estar M.G.L. "autorizado en la cuenta".

El segundo periodo temporal, de febrero de 2011 a noviembre de 2012, se caracteriza por el hecho de que el funcionario "firmó" un total de 39 talones al portador por valor de 112.311,06 euros "como autorizado pese a que estaba dado de baja como clavero en esas fechas".

Por este motivo, alteró su firma en todos, con la única excepción de uno por importe de 7.000 euros, e hizo constar en los siete últimos cheques un número de DNI "distinto al suyo, cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta" ya que los empleados de la entidad bancaria le indicaron "que debía consignar su DNI, además de su firma, para cobrarlos".

Los empleados del banco abonaron los cheques "pese a que en esas fechas ya no figuraba como autorizado" en la "creencia de que seguía teniendo esa condición" y por ser una persona "que habitualmente hacía disposiciones de la cuenta".

TRIBUNAL DE CUENTAS

Fue la Administración autonómica la que puso en conocimiento de los juzgados de instrucción y del Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

En el procedimiento paralelo del Tribunal de Cuentas, el funcionario fue considerado responsable contable directo por la cantidad de 140.710,21 euros que corresponden al cobro por ventanilla de 49 cheques al portador entre marzo y abril de 2009 que él mismo giraba con cargo a la citada cuenta y a otro cheque nominativo a favor de una empresa sin que conste justificación alguna de que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.

En ese periodo, hubo dos por importe de 6.380 y 41.760 euros que fueron abonados a dos medios de comunicación "relacionados con la realización de contratos de publicidad con la Delegación, pese a no ser este el destino de la cuenta y dado el descontrol existente sobre la misma".

El Tribunal de Cuentas concluyó sobre el último de estos gastos, por el que fue condenado el exdelegado territorial de Medio Ambiente Clemente García que no cabía admitir que las publicaciones encajasen con el concepto de publirreportaje "puesto que nuestro ordenamiento jurídico sanciona como ilícita la publicación de informaciones con fines promocionales sin que quede claramente especificado que se trata de un contrato publicitario" y consideró que "no era admisible que con fondos públicos se pagaran campañas encubiertas de propaganda de la actividad de las administraciones públicas ni que se realizaran pagos a los medios de comunicación a cambio de obtener un tratamiento informativo favorable".

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