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Según ha detallado en un comunicado la Conselleria de Salud, la Comisión europea ha aceptado que las comunidades autónomas reticentes a las gasolineras sin personal puedan presentar alegaciones.

El director general de Consumo, Francesc Dalmau, se reunió este martes con representantes de DG Grow de la Comisión Europea para exponerles la situación de Baleares. Por su parte, la Comisión se comprometió a mantener un diálogo abierto con las comunidades autónomas españolas afectadas.

Desde la Dirección General de Consumo se exige la defensa de los intereses de los consumidores siguiendo los criterios de seguridad, accesibilidad y estabilidad en los puestos de trabajo.

La Unión Europea aprobó recientemente una Directiva, que el pasado mes de diciembre fue traspuesta por el Gobierno, que permite la instalación de gasolineras no atendidas (sin personal).

Esta norma, contraria al Decreto 31/2015, de 8 de mayo, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios ante la actividad de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos en Baleares, "deja en una situación de total desprotección a los consumidores de Balears, en cuanto a la seguridad de las personas y de determinados colectivos con dificultades de movilidad".

El artículo 7 del Decreto, que hace referencia a la necesidad de tener personal en las gasolineras, está actualmente suspendido por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), aunque dicha sentencia se recurrió al Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de casación.