La CPAR estudia acciones legales contra la "paralización" de la administración municipal por responsabilidad patrimonial

  • La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) estudiará la posibilidad de emprender acciones legales contra la administración municipal de Logroño por responsabilidad patrimonial, ante la "paralización" de la actividad en la capital riojana y por "mal funcionamiento de la administración".
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EUROPA PRESS
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Así lo ha afirmado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de la asociación, Juan Ramón Liébana, quien ha incidido en la paralización en el Ayuntamiento logroñés, que se acaba reflejando "en la parálisis de la actividad económica y del empleo en general, y de nuestro sector en concreto", algo que llevan notando sobre todo "desde finales de 2017 y sobre todo, en este inicio de 2018, que ha sido catastrófico".

Ha recordado la situación "de descontrol" que se refleja en el "conflicto" de Policía Local y Bomberos "y que es muy visible", pero que, en sus palabras, "se está extendiendo al resto de unidades municipales, sin que los responsables políticos del Ayuntamiento pongan coto, la inacción del Gobierno local está teniendo consecuencias para toda la actividad".

Liébana se ha referido especialmente a las áreas implicadas con el sector de la construcción, y ha citado Urbanismo, licencias de obras y licencias de actividad, Movilidad, Tesorería y Casco Antiguo. En todas ellas se están produciendo "retrasos y falta de actividad", y ha hecho especial hincapié en el caso de las licencias.

Como ejemplo, ha apuntado que "las empresas tardan cinco meses en obtener una licencia para poner un andamio; hay licencias para un proyecto de obra que se solicitan en el mes de octubre o noviembre y que todavía ni se han empezado a tramitar; y existen obras de construcción paradas durante 6 u 8 meses porque no se autoriza el montaje de la grúa". Ha calculado, 'grosso modo', que un 80% de las peticiones de licencia están teniendo problemas en su tramitación.

Ha añadido más casos, como que "la entrega de una obra de reforma de un estableciemiento se retrasa casi dos meses porque el inspector de Medio Ambiente no se pasa a echar un vistazo; o se tarda tres meses en obtener una autorización municipal para poder introducir una pantalladora para hacer una obra en el Casco Antiguo". "De tener que darse en 15 días o un mes, las licencias tardan de 3 a 5 meses", ha dicho.

El secretario general de la CPAR ha reseñado que "en la ventanilla de licencias municipales hay permanentemente dos personas de baja y en ocasiones te encuentras con un cartelito en el que se lee 'no podemos atenderle' y lo mismo ocurre en Tesorería, en dónde cuando vas a solicitar la devolución de una fianza que has presentado no hay nadie para atenderte, y menos para devolverte tu dinero".

"Es el 'vuelva usted mañana' que denunció Larra en 1833, pero en pleno siglo XXI y con más de 900 trabajadores en plantilla", ha lamentado Liébana, quien ha afirmado que "me hace mucha gracia recordar que una de las primeras medidas estelares de esta Alcaldía, en marzo de 2012, como fue la puesta en marcha de las licencias 'exprés' para agilizar los trámites".

A ello ha sumado la "dejadez de los funcionarios municipales en lo que respecta al urbanismo, se tarda más de cuatro meses en conseguir tramitar una modificación puntual del Plan General, para que luego venga otra unidad administrativa y ponga mil y un reparos que devuelva el trabajo y el dinero invertido por las empresas al punto de inicio".

Liébana ha apuntado que la última revisión del PGM "no está adaptada" ni a la LOTUR de 2006, ni a la Ley de Suelo nacional de 2015, "eso, sin contar con la sentencia de marzo de 2015, que anuló la aprobación de varios sectores en Logroño -Valdegastea 2, Camino de Fuenmayor, Pedregales, Río Batán y Zaballos- por no contar con los planes económicos y de viabilidad que debían aportarse en el Plan General de la ciudad".

"Estas desidias de los funcionarios municipales y de sus responsables políticos del Consistorio hacen que, en un entorno de incipiente recuperación económica, en Logroño no haya grúas porque el Ayuntamiento no quiere. En primer lugar, porque en la ciudad no hay suelo disponible y, en segundo, porque la promoción que se pretende llevar a cabo en ese poco suelo se ralentiza hasta el hastío del promotor", ha sentenciado.

En definitiva, como ha afirmado, una situación "menos espectacular y vistosa" que el conflicto de policías y bomberos, "pero muy preocupante porque afecta directamente a la actividad económica y al empleo de la ciudad y de la counidad". "La práctica paralización del urbanismo en Logroño supone pérdida de atractivo de la capital riojana para la atracción de inversiones industriales y comerciales", ha alertado.

Además, para Liébana, supone también "la imposibilidad de que las empresas locales lleven a cabo un desarrollo urbano sostenible, con la consiguiente pérdida de empleos, directos o indirectos, ante la imposibilidad de ejecutar nuevos proyectos urbanísticos, tanto de obra nueva como de rehabilitación". Y, por ello, ha criticado "la incapacidad" de los responsables municipales "para hacer que los funcionarios atiendan sus obligaciones en plazo".

Ha unido, incluso, "a este desastre" la situación de "indefensión en la que sitúan a las empresas, que tienen la obligación de solicitar las licencias y modificaciones urbanísticas legalmente previstas para llevar a cabo su actividad, haciéndolas incurrir en retrasos y por consiguiente, en responsabilidades ante sus clientes, trabajadores y proveedores".

Por todo ello, Liébana ha adelantado que "desde CPAR, ante estas situaciones de inactividad del Ayuntamiento de Logroño, estudiaremos todas las vías legales para denunciar a los funcionarios públicos o a los responsables municipales por responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la administración".

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