Operario trabajando en una fábrica.
Operario trabajando en una fábrica. EUROPA PRESS

A nivel nacional, este descenso anual fue consecuencia del retroceso en un 4,7 por ciento de las empresas en concurso, hasta sumar 4.095, ya que las familias que se declararon en quiebra se incrementaron un 8,4 por ciento en el conjunto de 2017, encadenando su segundo ascenso anual consecutivo tras el de 2016 (+47,3 por ciento). En total, 1.036 familias entraron en concurso el año pasado (48 de ellas en Castilla y León).

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en 2017 fueron Cataluña (1.131), Comunidad de Madrid (847) y Comunitat Valenciana (747) y concentraron el 53,1 por ciento del total de deudores concursados. Por su parte, la comunidad con menor número de deudores concursados fue La Rioja (22) con Castilla y León en el séptimo lugar del ranking.

De esos 246 procedimientos correspondientes el pasado año, 209 fueron voluntarios y 31 de carácter necesario. En función de la clase de procedimiento, 206 de los casos se realizaron por procedimiento abreviado mientras que los 34 restantes se correspondieron con el procedimiento ordinario.

Además, de los 240 deudores concursados en 2017 en Castilla y León, 192 son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) mientras que las 48 restantes son familias (personas físicas sin actividad empresarial).

La mayor parte de las 192 empresas concursadas el pasado año en Castilla y León, 75 en total, se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros), seguidas de otras 38 en el tramo sin clasificar, mientras que 23 pertenecen al tramo de entre 500.000 euros y un millón de euros. En el rango de 2 a 5 millones de facturación figuran 20 compañías y 19 en el de 250.000 a 500.000 euros.

Además, hay 10 empresas concursadas con un volumen de negocio de 1 a 2 millones, cuatro en el de más de diez millones de euros y tres en el tramo de 5 a 10 millones.

Por antigüedad, la mayor parte de las empresas concursadas el pasado año (51) tenían más de 20 años de vida, con 37 casos en el tramo de 13 a 16, 31 en el de hasta cuatro, 30 en el tramo de nueve a doce años y 22 con entre cinco y ocho años. Finalmente figuran 15 en el tramo de 17 a 19 años y seis en el tramo sin clasificar.

En cuanto al número de asalariados, la mayor parte de las empresas concursadas (44) tiene de 1 a 2 trabajadores, 38 no tienen empleados; 34 cuenta con entre 3 y 5, otras 20 entre 6 a 9 y 19 están sin clasificar. A esto se suman otras 15 en el tramo de 20 a 49 asalariados y otras tantas en el de 10 a 19, con tres en el de 50 a 99 y tres con más de cien asalariados.

CUARTO CUATRIMESTRE

Por su parte, de los 58 procedimientos correspondientes al cuarto trimestre de 2017, 47 fueron voluntarios (1.278 en España) y once de carácter necesario (102 en España). En función de la clase de procedimiento, 54 de los casos se realizaron por procedimiento abreviado mientras que los 4 restantes se correspondieron con el procedimiento ordinario.

A nivel nacional si se suman familias y empresas, el número total de deudores concursados alcanzó la cifra de 5.131 en 2017, un 2,3% menos que en 2016. Se trata del cuarto descenso anual consecutivo después de los retrocesos del 8,6%, del 21,1% y del 26,7% registrados en 2016, 2015 y 2014, respectivamente.

Previamente, en los años 2013, 2012 y 2011 los deudores concursados subieron un 9,5%, un 32,2% y un 15%, respectivamente. En 2010, por el contrario, los deudores concursados descendieron en torno a un 7%.

Por tipo de concurso, en 2017 se registraron 4.772 concursos voluntarios, un 2,4% menos que en 2016, y 359 necesarios, un 1,4% menos. Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 6,4% y los abreviados un 1,7%.

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