El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha advertido este martes que la huelga indefinida convocada en la justicia gallega a partir de este 7 de febrero provocará "retrasos, acumulación y perjuicios a los ciudadanos" en los juzgados, si bien ha dado por hecho que los servicios mínimos fijados por la Xunta "evitarán" la parálisis.

En declaraciones a Europa Press, aunque no ha podido concretar cuántos juicios se verán suspendidos, ha constatado que será imposible evitar que los efectos de la huelga se perciban.

"Y todos tendremos nuestra parte de culpa, pero fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa", ha remarcado el director xeral, quien les ha echado en cara el "inmovilismo" de no rebajar sus pretensiones pese a que la Xunta sí ha "mejorado" sus ofertas.

Con las puertas abiertas al diálogo, ha defendido los servicios mínimos fijados y cuya suspensión cautelar (que demandaban los sindicatos) ha sido rechazada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "Bajamos al detalle", ha indicado, antes de recordar que el auto ratifica que hay "motivación" y pone el acento en que este paro es "indefinido", a diferencia de los anteriores.

También ha insistido en que es preciso "dejar claro" que el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador público es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas.

Dicho esto, ha defendido la propuesta de la Administración gallega y ha insistido en que sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".

En concreto, se contempla un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. El incremento, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

Además la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.

A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Sin embargo, la Xunta defiende que una aplicación inmediata podría contravenir la normativa básica y no se puede formalizar.

RECURSO CONTRA EL ACUERDO DE MADRID

Y es que, precisamente, la Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del 1 de agosto de 2017 de la Comunidad de Madrid con el fin de que se suspenda un incremento retributivo del complemento transitorio a los trabajadores judiciales de esta comunidad aplicado en dicho ejercicio y que "contraviene" la legislación básica.

Según recoge el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el acuerdo recogía un incremento de 120 euros mensuales a alcanzar en tres anualidades (2017, 2018 y 2019), pero cuya aplicación tuvo efectos desde el 1 de enero si bien el devengo se produjo a partir del mes siguiente al de la publicación del acuerdo.

El recurso constata que los incrementos "contravienen" la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque supera el incremento previsto con carácter general.

El foco de la cuestión está en que el Estatuto básico del empleado público determina que no se podrán acordar incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos para el personal.

Y es que la ley de los PGE determina que, en el año 2017 -las cuentas de 2018 siguen pendientes-, las retribuciones del personal básico al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes el 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, recoge que los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el punto dos deberán experimentar la oportuna adecuación y serán inaplicables las cláusulas que se opongan a él.

RESTO DE PUNTOS DE LA PROPUESTA AUTONÓMICA

Al margen de la cuestión retributiva, en cuanto a las bajas laborales y la "discriminación" por el descuento salarial con respecto a otros funcionarios judiciales que no dependen de la Administración gallega, la Xunta se compromete a crear un grupo de trabajo específico, en el que se tratará la ampliación de los supuestos excepcionales hasta ahora previstos, en el marco establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el resto de puntos -equiparación en el salario por sustituir a compañeros, estabilización laboral y creación de nuevas plazas fijas en relevo de las que estaba previsto suprimir-, el Gobierno gallego defiende que en su día ya hubo acuerdo, aunque los sindicatos discrepan.

Igualmente, la Xunta remarca que también propone crear 43 nuevas plazas: 36 de consolidación y siete de psicólogos, además de ofrecer mejoras adicionales en materia de violencia machista.

Estas mejoras pasan por la creación de siete plazas de psicólogo para los servicios de atención a las víctimas existentes en las siete ciudades gallegas; y el refuerzo de personal en los juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos casos en los que sea necesario por su carga de trabajo.

También por fijar un complemento lineal por objetivos ligados al trabajo en violencia machista, que se traducirá en el pago de una cantidad a los funcionarios de los juzgados de violencia de entre 50 y 100 euros al mes, en función del tipo de juzgado.