Juana Rivas, arropada tras su declaración en el juzgado
Juana Rivas, arropada tras su declaración en el juzgado EUROPA PRESS

La vista, que se celebrará a las 10,30 horas en la sala Luis Portero del edificio judicial de La Caleta, servirá para fijar los conceptos que Juana Rivas deberá abonar a Arcuri y ambos declararán en la medida en que lo soliciten las partes.

Juana Rivas sí acudirá a la vista, pero no Arcuri. De hecho, la defensa de este último pidió hace unas semanas la cooperación internacional necesaria para que, en caso de ser preciso, pueda declarar por videoconferencia, aunque también podría responder por escrito, según ha confirmado a Europa Press los abogados de ambos.

Esta vista, de audiencia pública, se produce a raíz de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores.

En esta resolución, consultada por Europa Press, también fue condenada al "abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción".

Rivas entregó a los menores el 28 de agosto de 2017 en dependencias de la Guardia Civil, pero Arcuri se encontraba en España desde el 23 de julio; además de la estancia en un hotel, tuvo que contratar abogado y procurador para ejercer su defensa y posteriormente asumió los gastos de su traslado con los niños a la isla de Carloforte (Italia), donde tienen fijada su residencia habitual.

En el ámbito penal, la Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por presunta sustracción de menores en la causa abierta contra ella después de que permaneciera casi un mes ilocalizable con sus dos hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri.

El fiscal acusa a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores y también pide que sea inhabilitada para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños por un plazo de seis años, según consta en el escrito de acusación provisional presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada previo al juicio.

Por otra parte, en el Tribunal de Cagliari (Italia) sigue abierto el proceso para dirimir sobre la custodia de los dos menores, que está pendiente del informe "determinante" que elaborará un perito tras evaluar a los padres, a los menores, la relación entre ellos con sus progenitores y el ambiente familiar en el que mejor y más equilibrados viven, entre otros extremos.

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