Lambán y Olona en su reunión con los representantes de la FAMCP
Lambán y Olona en su reunión con los representantes de la FAMCP EUROPA PRESS

La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) ha solicitado al Gobierno autonómico que sea el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo, Joaquín Olona, quien intervenga como interlocutor en la mesa técnica creada para reformar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) e instaurar un nuevo modelo de depuración en el que los sobreprecios sean costeados por el Presupuesto autonómico.

Así lo han expuesto responsables de esta entidad en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, y el consejero Olona, en el despacho del jefe del Ejecutivo, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.

El portavoz de la RAPA, José Ángel Oliván, que ha acudido a la reunión junto con Maribel Torrecilla, Enrique Gracia y Joaquín García, ha apreciado "receptividad" en el Ejecutivo a la "mayoría" de las cuestiones que le han planteado, sobre las que el Gobierno ha afirmado que "coinciden con los criterios que tiene intención de poner en marcha".

Este colectivo apuesta por "planificar las próximas décadas de la depuración en Aragón", algo que "exige un nivel de acuerdo político amplio" en las Cortes autonómicas para que los grupos políticos sean quienes pongan en marcha un nuevo modelo de depuración y su financiación.

La RAPA ha planteado dos exigencias, ha detallado Oliván, que sea el consejero Olona quien acuda a la mesa técnica porque "el nivel de interlocución debe elevar el rango" y "no solo hablar de retoques al impuesto, sino de todo el plan de depuración y del nuevo modelo que planteamos", que darán a conocer este jueves en la reunión prevista de la mesa.

Asimismo, el viernes por la tarde se ha convocado una asamblea ciudadana de la RAPA para ratificarlo públicamente y después se dará a conocer a las formaciones políticas de las Cortes.

Otro miembro de la RAPA, Enrique Gracia, ha desgranado su propuesta, que pasa por abandonar el modelo actual de "centralización de competencias en un órgano de la Comunidad, construcción de grandes depuradoras con tecnologías sobredimensionadas y la privación de las competencias municipales".

MODELO DE LA RAPA

El modelo de la RAPA consiste en que los ayuntamientos gestionen aquellas depuradoras que haya en cada municipio con un "modelo sostenible" y "adecuado a cada población" y financiarse a través de tasas municipales.

Asimismo, abogan por crear una tasa autonómica, con un precio similar a la tarifa sobre saneamiento y depuración que se paga actualmente en Zaragoza, que se abonaría en los municipios donde el servicio lo presta el Instituto Aragonés del Agua y que por su "alto coste no se puede gestionar de otra manera".

Además, plantean un tributo complementario, que sumado a la tasa autonómica "alcanzara como máximo la media de lo que se paga en concepto de saneamiento y depuración en España", que han estimado que para el ciudadano supondrían unos 0,92 euros por metro cúbico facturado.

Oliván ha comentado que ahora la media es del 1,08, "pero teniendo en cuenta de que prácticamente todo el mundo está pagando", mientras que la reducción que han estimado que supondría su propuesta es del 40 por ciento para el ciudadano.

Ha añadido que el Gobierno de Aragón debería costear a través de sus Presupuestos "la parte del sobreprecio", que han calculado en unos 12 millones de euros al año, ya que esto es algo que "no deben ir a costa de los contribuyentes, como ocurre ahora con el ICA" porque "en el pasado las cosas se hicieron mal".

Enrique Gracia ha señalado que su modelo "estimula la eficiencia puesto que donde los ayuntamiento gestionen bien su modelo, los ciudadanos van a pagar menos" y se fomentan así "las buenas prácticas, cosa que no hace el modelo actual". Por su parte, al Gobierno de Aragón, a largo plazo, "le va a interesar la sostenibilidad del sistema por encima de todo para no tener que hacer aportaciones del Presupuesto".

La RAPA reclama que mientras se establece el nuevo modelo, se aplique una moratoria en el ICA en Zaragoza y otros municipios que tienen su propio sistema de depuración y lo sostienen, y que se deje de cobrar "ya" en aquellos que no tiene depuradora, "es decir, que no se les presta servicio", ha apostillado Gracia.

MUNICIPIOS

La reunión con la Red del Agua Pública de Aragón ha estado seguida por otra que han mantenido representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) con Lambán y Olona, también en el despacho del presidente. Ambas habían sido solicitadas por los dos colectivos.

Por parte de la FAMCP han acudido su vicepresidente segundo y alcalde de Illueca, Ignacio Herrero (PP), junto a Jesús Pérez (PAR) y Martín Nicolás (PSOE). Herrero ha recalcado en declaraciones a los medios de comunicación que este es un impuesto "que la mayoría de los ayuntamientos llevamos pagando 14 años".

Además, ha explicado que han expuesto a Lambán "la necesidad de establecer exenciones y bonificaciones que tengan en cuenta la situación de las familias, aquellas que son numerosas, y otras situaciones sociales", algo que ha dicho que solo es viable a través de un impuesto, cuya reforma debe debatirse en las Cortes autonómicas.

"Es allí donde está todos los grupos políticos" y donde la ley que regula el ICA "obtuvo un amplio consenso", ha manifestado. Desde la FAMCP también han recordado al Gobierno "el agravio de los municipios que no tienen depuradoras y que se están viendo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro".

A su entender, "hay que trabajar con el consejero Olona para evitar estas discrepancias y sanciones, que son tan perjudiciales para esos municipios". Herrero ha defendido igualmente que este sea un impuesto "que afecte a todos los aragoneses".

Según ha argumentado, "es al conjunto de Aragón al que le corresponde" y "todos los vecinos debemos pagarlo", establecimiento "una solidaridad entre todos los aragoneses".

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