Gala Pin, concejal de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona
Gala Pin, concejal de Ciutat Vella, explicó el caso. EUROPA PRESS

Una familia del barrio barcelonés del Raval ha llevado a los tribunales a la empresa Desokupa acusándola de provocar un aborto a la mujer, embarazada de tres meses, al tratar de desalojarlos del piso de la calle Riereta donde viven.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha declarado a los medios que el juicio ya se ha celebrado y que el Ayuntamiento actuará en función de la sentencia, ante "el caso más grave" del que ha tenido conocimiento relacionado con Desokupa, ocurrido en octubre.

Ha explicado que Desokupa acosaba reiteradamente a la familia para que dejara el piso, y que en una ocasión cortaron la luz y empujaron a la mujer, a la que encontró su marido en un charco de sangre y junto a su hijo de 19 meses: "Es un caso que traspasa todas las líneas rojas".

El afectado Shah Salahuddin ha expuesto su caso en una rueda de prensa previa en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb), junto con representantes de Stop Desnonaments Raval, Observatori Desc y otras entidades.

Críticas de Colau

La alcaldesa, Ada Colau, ha aseverado en un tuit que los hechos deben investigarse y no pueden quedar impunes: "Desde el Ayuntamiento seguimos el caso, y hemos ofrecido apoyo a las víctimas".

Pin ha advertido de que su gobierno perseguirá todas las prácticas que considere mafiosas y de "pura brutalidad inmobiliaria" de Desokupa, a la que acusa de vulnerar de forma flagrante los Derechos Humanos.

También ha avisado a los propietarios de viviendas de que recurrir a "empresas mafiosas" puede implicarles consecuencias y dar explicaciones en los juzgados, y ha recordado que el Ayuntamiento ha llevado cinco casos de Desokupa a la Fiscalía, y que se ha personado en dos.

La concejal ha insistido en que el Ayuntamiento pedirá reabrir el caso según sea la sentencia, porque sospecha que el juicio se celebró en una "situación de indefensión" y sin testigos, ha destacado.

Preguntada por los medios por la situación de la familia en el piso, ha respondido que el Ayuntamiento estudia si pagaba un alquiler creyendo que era legal pero fue engañada y no lo abonaba al propietario.

Ha lamentado que el caso llegue al Ayuntamiento después del juicio, y ha pedido a las familias que se vean afectadas por casos similares que los comuniquen: "Cuanto antes tengamos conocimiento, más fácil será poner nuestros recursos a su disposición para defender los derechos de nuestros vecinos".

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