Estado de la torre del Castillo de la Cala de San Pedro
Estado de la torre del Castillo de la Cala de San Pedro ARCHIVO

La vista se enmarca en el procedimiento iniciado a raíz de la demanda que, en 2014, interpusieron los colectivos conservacionistas 'Amigos del parque natural' y 'Amigos de la Alcazaba' por inactividad administrativa del consistorio, que en 2013 abrió un proceso para declarar en situación legal de ruina el inmueble protegido, y en la que se solicitó la actuación municipal conforme a los establecido en la legislación sectorial vigente en materia de protección de patrimonio histórico y conservación de los valores urbanos protegidos.

La providencia de la magistrada María del Pilar Giménez, consultada por Europa Press, fija para el día 22, a las 10,30 horas, la vista y cita como testigos a uno de los dos propietarios del BIC, Daniel Navarro, así como al funcionario que instruyó el expediente sancionador para la adopción de medidas urgentes de conservación de elementos estructurales del Castillo de San Pedro y al secretario del Ayuntamiento nijareño.

En la declaración de ruina tramitada en 2013, el consistorio le dio 15 días a la propiedad para que acometiese medidas cautelares de seguridad que pasaban por el vallado del sendero peatonal que lo rodea y por acotar la zona de playa que se ubica a sus pies para evitar el "peligro existente de daño a personas".

En el decreto se recogía que los dos elementos de la edificación, compuesta por un edificio de planta rectangular y la torre, de planta circular, presentan "un importante deterioro" que, en algunas zonas, originan "un grave peligro de estabilidad estructural".

Hacía alusión en concreto a que los muros situados al sur han perdido "parte de la cimentación" mientras que otras han quedado "descalzadas por desprendimiento o deslizamiento del terreno de la ladera" sobre el que se asientan. Con respecto al muro de la torre, apuntaba que estaba en "malas condiciones" ya que la estructura vertical de mampostería de piedra "se ha derrumbado casi en la mitad de su perímetro sur".

ULTIMÁTUM DE LA JUNTA

La sustanciación de este procedimiento llega pocos días después de que la Junta de Andalucía haya dado un plazo de cinco meses a los propietarios para que ejecuten las obras de conservación del inmueble tras el levantamiento de la suspensión cautelar que afectaba a esta medida dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los dueños contra las iniciativas de la Junta para hacer cumplir la Ley de Patrimonio de Andalucía respecto a los Bienes de Interés Cultural.

La inversión necesaria para llevar a cabo estas actuaciones, centradas en la adopción de medidas de seguridad y en la consolidación de la estructura de la fortaleza, está cuantificada en 95.980 euros. Según la resolución, los trabajos de emergencia deben comenzar con el vallado perimetral del inmueble para garantizar la seguridad ante los desprendimientos al que seguirá la retirada de elementos añadidos a los muros y cubiertas del castillo y en su interior, como placas fotovoltaicas, pérgolas de madera o estructuras metálicas.

La actuación también contempla el refuerzo estructural de la cimentación, empleando hormigón armado resistente a la exposición a un ambiente marino salinizado, y el apuntalamiento de la bóveda que conforma el primer nivel de la torre.

Por último, las obras requeridas por la administración autonómica incluyen la consolidación de los sillares y mampuestos de piedra poco estables mediante la aplicación de mortero de cal de características análogas al existente.

En un informe remitido a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con fecha de 22 de enero de 2018 y en respuesta a un requerimiento de este órgano para indagar sobre la situación del monumento, el Gobierno andaluz precisa que la falta de ejecución en el plazo dado de estas obras dará lugar a "la ejecución forzosa, bien mediante la imposición de multas coercitivas, bien mediante la ejecución subsidiaria de las mismas" por parte de la propia administración pero con "cargo" a la propiedad obligada a su realización.

PELIGRO DE "DERRUMBE INMINENTE"

La asociación 'Amigos del Parque Natural' alertó en julio de 2016 de la "posibilidad" de que se produjera un "derrumbe inminente" en el muro de defensa del castillo, lo que, al margen de la pérdida para el patrimonio histórico, suponía "peligro real" para las cientos de personas que en estos meses estivales visitan este conocido arenal del espacio protegido almeriense.

El colectivo conservacionista se dirigía entonces a la Consejería de Cultura de la Junta para exigirle la realización de las "actuaciones subsidiarias necesarias" para garantizar las seguridad de las personas y también los valores históricos de este BIC dado que las multas coercitivas impuestas a sus propietarios "no están dando un resultado eficaz".

Por otro lado, la Junta, al que se le ha pedido de forma reiterada la expropiación forzosa del BIC, realizó un informe de valoración económica del castillo que se cifro en 193.000 euros.

El Castillo de San Pedro es un elemento emblemático en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 con publicación en el BOE de 29 de Junio.

Asimismo, está protegido por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar aprobadas en 1996 ya que en su catálogo de cortijos tradicionales protegidos, en relación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural con carácter general, está incluido, con un grado de protección 3º o protección ambiental específica, en la sección de cortijos y edificios históricos singulares.

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