El Gobierno Vasco quiere promover acuerdos con los Ejecutivos español y francés para favorecer una "nueva orientación" de la política penitenciaria "en materia de acercamiento y respuestas humanitarias" para los presos de ETA, y "consensuar" las bases de un Decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social.

Éste es uno de los retos que el Ejecutivo autonómico se marca para este año 2018 que se incluye en el Informe anual de seguimiento del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 del Gobierno Vasco, que recoge el balance de la gestión y ejecución en 2017 de las iniciativas que en él se contemplan, así como los principales retos para 2018.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha informado que el Consejo de Gobierno ha recibido este martes el informe que, según ha destacado, presenta un "alto" grado de cumplimiento. En concreto, de las 15 iniciativas recogidas en el documento, 11 presentan un grado de cumplimiento del 100% de sus compromisos de calendario para 2017; tres presentan un cumplimiento del 80% y uno del 60%.

Asimismo, ha destacado que todas las acciones que han sido cumplidas al 100% son aquellas que más directamente dependen de la acción de la Secretaría de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación.

RETOS PARA 2018

Josu Erkoreka ha informado que, de cara a este año 2018 y "teniendo en cuenta la coyuntura sociopolítica vasca", el programa de actuación del Plan define "con precisión" las actuaciones que deben ser abordadas de cara a afrontar siete retos que considera prioritarios.

El primero de ellos es contribuir a la materialización de la disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA, y promover un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia.

Además, quiere promover acuerdos con el Gobierno español, el Gobierno francés y los grupos parlamentarios para "favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento y respuestas humanitarias", así como para "consensuar" las bases de un Decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social.

También trabajará para continuar profundizando en los ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las víctimas del terrorismo, a través del Consejo Vasco de Participación de Víctimas y del Terrorismo y de los acuerdos de colaboración con la AVT

Asimismo, quiere continuar promoviendo "el más amplio consenso posible "en el impulso de las políticas públicas de memoria, a través del programa de actuación del Instituto Gogora.

El Gobierno Vasco también va a defender la legalidad y constitucionalidad de la ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, y quiere poner en marcha

la Comisión de Valoración contemplada en la Ley para desarrollar sus previsiones "en todo aquello en que no esté suspendida", en tanto el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central.

Respecto a la convivencia, el Ejecutivo autonómico trabaja en el desarrollo del documento marco en materia de respuesta a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas, la aprobación del Plan Director 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo, la aprobación de la Ley de Centros de Culto, la creación del Consejo Interreligioso Vasco y la puesta en marcha del resto de previsiones del Plan de Actuación frente al terrorismo internacional de pretexto religioso.

En el ámbito educativo, se recoge la creación del Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete y el traslado de proyectos educativos como el Módulo Adi adian de víctimas educadoras al ámbito universitario.

Para la promoción de una cultura de convivencia y derechos humanos, el gobierno quiere dar un impulso interinstitucional de la campaña vasca de conmemoración del 70 aniversario de los Derechos Humanos, con la celebración de un Congreso internacional en noviembre.