Un asesor y un gestor (autorizado RED) eran los presuntos cabecillas de la organización que utilizaban a otro como cara visible ante los trabajadores, según ha informado la Policía en un comunicado. A los diez detenidos se les atribuyen los delitos de falsificación de documentos, contra la Seguridad Social, estafa y pertenencia a organización criminal.

Según la Policía, los detenidos actuaban a través de una empresa ficticia mediante la que daban de alta a los trabajadores a los que cobraban una cuota mensual y estos a su vez realizaban trámites de extranjería y solicitaban prestaciones económicas a la Seguridad Social.

La investigación se inició en diciembre del año pasado en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, cuando se detectó una empresa ubicada en la capital que podría estar defraudando a la Seguridad Social. La empresa contrataba trabajadores extranjeros, a los que daban de alta por periodos cortos de tiempo; tenían domicilio social ficticio y falta de actividad.

Los presuntos cabecillas de la organización, uno de ellos un asesor, reincidente en este tipo de delitos, y un gestor de 39 años, se valían de un tercero, que era "el hombre de paja o cabeza visible" ante los trabajadores, para ellos pasar "lo más desapercibidos posible". Para dar de alta a los trabajadores, les hacían pagar una cuota mensual para la empresa, además de los gastos generados por el alta en la Seguridad Social.

Los objetivos de algunos de estos "trabajadores" era conseguir con los contratos acceder a alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social. Con la investigación, se detectó que podrían utilizar el "trabajo", para conseguir cotizaciones necesarias para luego tener derecho a prestaciones de incapacidades, bajas, jubilaciones, de la Seguridad Social, como para recibir acceso a la sanidad pública y a prestaciones farmacéuticas.

Para ello pagaban a la empresa y además se costeaban sus cuotas a la Seguridad Social. Otros de los detenidos buscaban obtener la residencia en España, para lo que presentaban los contratos de trabajo junto a sus solicitudes de residencia en la oficina de extranjería. La investigación policial continua abierta y no se descartan nuevas detenciones.