El hasta hoy vigente Plan había derogado al anterior (Decreto 28/2008), el cual había sido parcialmente cuestionado en los tribunales.

El fundamento básico de la Sentencia es que el decreto no se atiene al procedimiento debido y el fallo se enmarca en una "continua desatención" de la Junta a la normativa ambiental, "despreciando tanto fondo como formas, y por consiguiente desatendiendo la conservación de la biodiversidad", según han precisado desde Ascel.

Asimismo, según ha explicado esta Asociación, la sentencia no apunta a un mero defecto de forma, "sino que traslada textualmente hechos recogidos" en su demanda ya que el punto octavo de esta resolución recoge textualmente: "En el expediente administrativo que obra en los presentes autos no consta una motivación técnica suficiente y previa que justifique el contenido del Decreto 14/2016; no constan informes técnicos o científicos independientes que avalen y aconsejen el establecimiento de las medidas de control y aprovechamiento cinegético que se disponen en dicho Decreto; tampoco constan estudios previos, serios y rigurosos de su incidencia en el medio natural. Asimismo, tampoco consta en qué han consistido los seguimientos de manadas llevados a cabo a los que alude el Decreto".

Por ello, la Asociación asegura que está sentencia viene a determinar "que se actúa sin fundamento ni razón, como si los cuentos infantiles pudieran guiar las disposiciones normativas de una Administración Pública".

Para Ascel, esta sentencia implica "un antes y un después" en la consideración legal del lobo en España, tanto por la proporción y ubicación geográfica de Castilla y León con respecto al rango de distribución de la población ibérica de lobos, como por suponer la primera ocasión en la cual un Plan plurianual (sólo vigentes en tres comunidades autónomas) es anulado íntegramente.

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