El Govern balear defenderá este martes en Bruselas su oposición a la directiva europea que permite la instalación de gasolineras no atendidas.

Por ello, el director general de Consumo, Francesc Dalmau, y la directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, Isabel Castro, se han reunido este lunes con patronales y sindicatos del sector de las gasolineras para explicar los detalles de esta reunión prevista en Bruselas con la Comisión Europea.

Esta directiva, aprobada recientemente por la Unión Europea, fue transpuesta por el Gobierno de España y es contraria a un decreto autonómico que establecía la necesidad de tener personal en las gasolineras.

Este decreto se encuentra actualmente suspendido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), si bien la sentencia se recurrió ante el Tribunal Supremo y el recurso de casación ha sido admitido a trámite.

Según el Govern, la directiva "deja en una situación de desprotección total a los consumidores de

Baleares, en cuanto a la seguridad de las personas y en determinados colectivos con dificultades de movilidad, y amenaza con ser un riesgo para los trabajadores actuales y puestos de trabajo futuros".

Con todo, la Comisión Europea consideró oportuno hacer una reunión con todas las comunidades autónomas afectadas y que han regulado en este sentido. (Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Navarra, Asturias y Baleares).

Por este motivo, este martes el director general de Consumo, Francisco Dalmau, se reunirá con representantes de la DG Grow de la Comisión Europea y de la Representación Española en Bruselas, para

exponer el impacto que tendrá en las Baleares la normativa europea.

Según los datos del Govern, en año 2017 hubo una media de 1.273 trabajadores y 56 autónomos en el sector del comercio minorista de combustible para automoción en establecimientos especializados y "se estima que por cada gasolinera no atendida se pierden seis puestos de trabajo".

En esta línea, el Ejecutivo autonómico también ha recordado que patronales y sindicatos de toda España han recogido más de 500.000 firmas en contra de esta directiva europea.

A la reunión de este lunes han asistido el presidente de Aesbi, Jesús Salas, y el vocal, Ignacio Sánchez; así como un representante de UGT, Juan José Terso, y de CCOO, Miquel Amengual.