La vicepresidenta, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell
La vicepresidenta, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell GVA

Para Oltra, "estas cifras demuestran que el Consell del Botànic está cumpliendo su compromiso de rescatar personas", tras la mejora en la implantación de una ley que "llevaba años en el olvido, con el perjuicio y menoscabo que supuso para la ciudadanía cuando la crisis era más fuerte y afectaba a más personas", informa la Generalitat en un comunicado.

Otro dato que refleja la "mejora" de la gestión son las prestaciones concedidas, que han tenido un crecimiento del "80,7% respecto a 2013, puesto que el pasado año se llegó a conceder un total de 27.252 frente a las 15.075 de hace cuatro años".

La titular de Igualtat ha explicado que este aumento en el número de prestaciones concedidas se debe a que el ritmo de gestión de las renovaciones de las ayudas es "mucho más ágil que antes", lo que permite que muchas personas puedan cobrar dos o tres prestaciones al año. Esto, ha resaltado, "favorece una mayor continuidad de la prestación, proporcionando estabilidad a las personas".

Ha apuntado al respecto los cerca de 58 millones de euros que la Conselleria ha pagado en prestaciones durante 2017, y también ha ponderado que la línea tuvo cuatro incrementos presupuestarios a lo largo del ejercicio, lo que "evidencia que el compromiso del Consell con la consideración de la partida de renta como crédito ampliable es una realidad, de manera que cuando el presupuesto destinado a este fin se agota se repone de forma automática".

Con los aumentos de créditos, el presupuesto destinado en 2017 a sufragar la renta garantizada de ciudadanía se incrementó hasta los 57,9 millones de euros, una cantidad que "contrasta con el presupuesto que se destinaba en los años donde la crisis económica era más fuerte, como en 2008, donde la renta tenía un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros".

El presupuesto inicial de la renta garantizada para 2017 alcanzaba 41 millones de euros, dotación "totalmente comprometida", bien a través del pago directo por las direcciones territoriales o de los 86 ayuntamientos e instituciones municipales, que actúan como entidades colaboradoras.

La vicepresidenta del Consell también ha incidido en que la gestión de estos dos años también marca un incremento en el número de titulares y personas beneficiarias, que en los 12 meses de 2017 suman un total de 51.274, de las que 21.368 tienen la condición de titular de la ayuda y 29.906 son beneficiarias.

Estas cifras van en la misma línea de incremento del año anterior, cuando, "por primera vez", Igualtat llegó a un total de 50.198 personas destinatarias de ayudas (20.007 titulares y 30.191 beneficiarias). Para Oltra, "evidencia la efectividad de las medidas urgentes que se adoptaron hace dos años ante la caótica y grave situación de emergencia social, heredada del anterior Gobierno autonómico".

RENTA DE INCLUSIÓN: AYUDAS DE HASTA 850 €

La ley de renta valenciana de inclusión, aprobada el pasado mes de diciembre, estará vigente en el primer semestre del año e incluye mejoras respecto a la actualmente vigente, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

El objetivo de la nueva normativa, según ha defendido la consellera, es ofrecer una respuesta "digna y de justicia" a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que, a su juicio, han producido "un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana".

Con la nueva ley, el importe de la prestación será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de un total de 495,32 euros en el caso de un titular y 679,30 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría una cuarta parte en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 619 euros y 849 euros, respectivamente, frente a los 385 actuales.

La normativa también introduce otras novedades "significativas", como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de tres años, con una carencia de dos.

Además, contempla dos modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta complementaria de ingresos que no llegan al 80% del salario mínimo interprofesional y la renta de garantía que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

RENTA DE GARANTÍA

Respecto a la renta de garantía, que entrará en vigor en abril de 2018, incluye a su vez dos modalidades una de garantía de ingresos mínimos y otra de inclusión social, mientras que la renta complementaria de inclusión comprende dos modalidades: una complementaria de ingresos por prestaciones que será efectiva en abril de 2019 y otra complementaria de ingresos del trabajo que será entrará en vigor en abril de 2020.

La nueva norma pretende así simplificar la tramitación y ahorrar en gestión burocrática, de manera que serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de los demandantes de la renta, mientras que los servicios centrales de la Conselleria se encargarán de la gestión.

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