Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada
Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada EUROPA PRESS

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a partir de 2004, el acusado, junto a otras personas, se dedicaba "a traer mano de obra ilegal" a España de los países del este de Europa, principalmente de Ucrania, para lo que utilizaban diversas empresas.

Así, según la resolución, estas personas hacían un trayecto de varios días en autobús, con o sin visado de turista, y a la llegada a Málaga eran alojados en distintas viviendas "con el fin de controlar a los inmigrantes a cambio de dinero que le era exigido una vez iniciaban la actividad laboral".

En este sentido, se constata "la coacción a la que sometían a los inmigrantes para que continuaran abonando" ese dinero, según se indica en la sentencia, apuntando que el centro de las operaciones eran dos establecimientos ubicados en la capital, donde se realizaban los contactos para concretar fechas y horarios.

La organización utilizaba dos sociedades y, tras la llegada de los inmigrantes a España, "les facilitaba certificados de empadronamiento y contratos de trabajo falsos, todo ello a cambio de diversas cantidades de dinero", documentos que luego presentaban en las oficinas de empleo de Torremolinos (Málaga).

Con esto se perseguía regularizar la situación de estas personas, "aprovechando el real decreto que estuvo vigente de febrero a mayo de 2005". "Los contratos de trabajo falsificados los vendían entre 700 y 800 euros para los hombres y entre 600 y 700 euros para las mujeres"; mientras que los certificados de empadronamiento en Marbella tenían un precio de 500 euros.

Por estos hechos, se condena al acusado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de falsedad y se le impone la pena de ocho meses de prisión y multa de 720 euros. Se aplica la circunstancia de dilaciones indebidas, que atenúa la pena, ya que la causa estuvo parada 18 meses.

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