El tren Alvia, instantes después de descarrilar en la curva de Angrois
El tren Alvia, instantes después de descarrilar en la curva de Angrois EUROPA PRESS

El juez que investiga el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 ha citado como investigados a dos cargos más de Adif: el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón Sartal, y al jefe de inspección de esta gerencia, José Antonio García Díez.

Con estos, son ocho ya los investigados en la causa: el maquinista Francisco Garzón Amo, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares; tres técnicos de Ineco y ahora el gerente de seguridad en el noroeste y el jefe de inspección de esta área.

En una providencia con fecha de este jueves 1 de febrero a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, Andrés Lago, cita a estos dos responsables de la operadora ferroviaria para declarar el próximo día 7 de marzo a las 9,30 y a las 11,30 horas, respectivamente.

Su llamamiento responde a la petición de diligencias de la plataforma de víctimas tras pasar por los juzgados el primero de los investigados de Adif, Andrés Cortabitarte (exjefe de seguridad en la circulación de la empresa pública).

"ESCLARECER DEFECTOS"

De hecho, Lago, en su escrito, entiende "muy necesario" que Rebón Sartal y García Díez hablen "para esclarecer algunos de los defectos que, en lo que se refiere a la gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea, justificaron en su día la imputación del sr. Cortabitarte".

Ve el magistrado "indudable" que Cortabitarte "tuvo que contar con la colaboración" de ambos, por lo que los cita como investigados para "salvaguardar su derecho de defensa" pues no considera "descartable" que "buena parte de los reproches que justificaron la imputación" del exjefe de seguridad de Adif "puedan ser extensivos a sus dos colaboradores".

Con todo, el titular del juzgado deniega a los afectados la solicitud de investigar a Manuel Besteiro Galindo, ya que, según afirma, "no ostentaba el cargo de director de seguridad en la circulación a la fecha del siniestro".

NUEVE TESTIGOS Y CUATRO PERITOS

Además, cita como testigos a seis técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) que conformaron Thales y Dimetronic (actual Siemens) para suministrar el sistema de señalización y control de la línea en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, a uno de Bombardier (su software generaba interferencias que llevaron a la desconexión del 'ERTMS' embarcado) y a dos cargos de Renfe.

Los técnicos de la UTE fueron propuestos tanto por las víctimas (cinco de ellos) como por Adif (dos de ellos, aunque una de las personas es coincidentes con las que señaló la plataforma), y comparecerán en los juzgados compostelanos los días 7, 13 y 19 de marzo.

También el 19 de marzo tendrán que acudir a Santiago el director general de operaciones e ingeniería de Renfe Francisco Minayo de la Cruz, involucrado en relación con el envío de un correo electrónico por un jefe de maquinistas avisando sobre la peligrosidad de la curva, y el gerente de la dirección corporativa de seguridad en la circulación de la operadora, Javier Nicolás Esteban, así como el empleado de Bombardier.

Ya en abril, Lago tomará declaración en calidad de peritos, el día 9, a los expertos Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo, que elaboraron informes sobre señalización y acerca del factor humano para el abogado del maquinista, Francisco Garzón Amo, que aquel día llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad debido a que atendió una llamada telefónica del interventor.

A continuación, el 18 de febrero, los que ratificarán sus peritajes serán el ingeniero Antonio Puyol y quien ejerce como directora técnica de Adif desde julio de 2016 Esther Mateo, cuyos documentos aportó el administrador ferroviaria en las pasadas semanas para defender su actuación en la línea de Angrois en todo lo relativo al examen de los riesgos.

LOS RESTOS DEL TREN, PARA RENFE

Por otra parte, el juez determina que "se proceda a la entrega y puesta a disposición de Renfe Operadora de los restos del material rodante", para que "pueda conferirles el destino que los técnicos estimen oportuno, según su estado".

Este asunto estaba en el aire y a él hacía referencia el magistrado en otras providencias debido a las discrepancias que mantenían Renfe y el letrado que defiende a Garzón, que se oponía.

Para justificar que se le dé el tren ahora, Lago constata que en este caso "no es posible ni factible que ante el órgano de enjuiciamiento se presenten el día del juicio los restos", pero alega que existe "constancia fehaciente del estado en que se hallaba el tren a la fecha del accidente".

Los restos han sido "minuciosamente examinados no por uno, sino por varios peritos", argumenta, aludiendo en concreto a los estudios realizados por el ingeniero José Manuel Lamela. El juez no ve "razón lógica o jurídica alguna" contra la pretensión de Renfe, pese a que en su momento fueron puestos en cuestión aspectos como el peso del tren y otros que influían en su certificado.

AÚN NO ESTÁ EL INFORME DE LA ERA

Por otra parte, el juez señala que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés) todavía no ha contestado a las preguntas que le formuló, relacionadas con el análisis de riesgos.

Entiende "innecesario", como demandaban las víctimas, llamar a su responsable de seguridad, Christopher Carr, y recuerda en este punto que está "todavía a la espera" de la respuesta de la ERA "pese a que tal petición tuvo entrada el pasado 22 de noviembre de 2017" -previamente el juzgado se equivocó de dirección-.

CONTRATOS DE INECO SÍ, ACTAS NO

Sí considera oportuno, a instancias de los afectados, requerir a Adif y a Ineco los autos de los contratos firmados para la línea, "con especificación de los tramos que comprende".

Y es que en su comparecencia, los tres técnicos de esta consultora pusieron de manifiesto que Adif no les encargó analizar el enclave que incluye la curva de A Grandeira.

Rechaza, no obstante, reclamar a Adif los informes completos para la puesta en servicio de la línea, incluidos los anexos que no fueron aportados al juzgado y que recogen la obligatoriedad de hacer una evaluación independiente en el mencionado tramo. Lago cree que sobre esto "ya se ha practicado abundante prueba pericial" y lo ve "redundante e innecesario".

Sobre este extremo, también interpreta que "no se justifica la utilidad" del testimonio del director de obras de Adif al que quería que se citase el abogado del maquinista por estar involucrado en las actas internas de la empresa que reflejan que el departamento de seguridad sabía que no se había encargado dicho análisis, pero que finalmente "se impuso" no cumplir la normativa. Resuelve el investigador que no es útil "teniendo en cuenta el actual estadio de la instrucción y el objeto de la misma".

Igualmente, les deniega a los afectados la citación de cinco responsables de Renfe por la investigación abierta tras la alerta del jefe de maquinistas.

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