Isabel Jurado, alcaldesa de Chipiona
Isabel Jurado, alcaldesa de Chipiona AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

En una nota, la alcaldesa ha explicado que en noviembre del pasado año se le remitió a Rocío Carrasco una propuesta de convenio que cuenta con el visto bueno de la Interventora Municipal y de los tres grupos de la Corporación -PP, PSOE e IU-, aunque "nunca se ha tratado de un ultimatum".

No obstante, según la alcaldesa, la contestación de la heredera universal "no mostraba si estaba de acuerdo con el convenio, sino que requería información sobre las irregularidades que se produjeron en su momento en la construcción del complejo en el que se engloba el museo".

En este sentido, ha añadido que esa documentación se ha puesto a disposición de los representantes de Rocío Carrasco y ha explicado que "la instalación es totalmente legal y está calificada como equipamiento cultural, aunque hubiera una mala gestión de las subvenciones recibidas para la creación de todo el complejo del Palacio de ferias y exposiciones por parte del anterior equipo de gobierno socialista".

Además, la alcaldesa ha asegurado que "el procedimiento judicial no afecta ni al actual equipo de gobierno del PP, ni a la familia, que no tienen ninguna responsabilidad".

Isabel Jurado ha explicado que el Ayuntamiento ha vuelto a dirigirse a Rocío Carrasco para saber si esas irregularidades van a impedir que el museo se abra, ya que "no se puede seguir privando a los ciudadanos de un espacio que se ha realizado con dinero público y que puede utilizarse para uso cultural".

Finalmente, ha recordado todo el proceso por el que se ha pasado desde que se empezara a hablar del Museo de Rocío Jurado en diciembre de 2006, destacando que cuando el PP entró a gobernar en el año 2011 la instalación no estaba preparada para abrir, ya que tenía muchas deficiencias, no contaba con las medidas de seguridad necesarias y no existía financiación. En este sentido, ha añadido que se ha seguido trabajando, catalogando los vestidos y enseres y adecuando el espacio, en este caso con una subvención de la Diputación de Cádiz, y se ha realizado un estudio de viabilidad que concluyó en junio de 2017.

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