En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado José Ignacio Vilaplana señala que, de todas las diligencias practicadas, se desprende que es procedente el enjuiciamiento. En los antecedentes de hechos el auto recoge que en la mañana del día 19 de abril de 2016, Elena N.S., Rosa N.S. y la pareja sentimental de ésta, Francisco Javier M.R., se personaron en el domicilio de Anabel Deza, esposa viuda de D.N.S. -hermano de las anteriores, fallecido de un ictus en diciembre de 2015-, con quien "vendrían manteniendo desavenencias familiares desde largo tiempo, desavenencias generadas fundamentalmente por la falta de aceptación de que D.N.S., de raza gitana, se uniera sentimentalmente a una 'paya' -Anabel- que además tenía dos hijos de relaciones anteriores, y por la educación y custodia de su hija (menor nacida el 06 de febrero de 2013, fruto de la relación de la víctima con D.N.S.)".

Según continúa, los encausados procedieron "a agredirla violentamente, asestándole varias puñaladas en el cuerpo y golpeándola con violencia en la cabeza hasta causarle la muerte". Así, una vez en el interior de la vivienda, los tres acusados, "puestos de común acuerdo en la acción y con el claro propósito de acabar con la vida de Anabel -o, cuando menos, siendo conscientes del riesgo que creaban para su vida y de las altas probabilidades de producir su óbito, lo que les era indiferente-, se abalanzaron repentinamente contra ella, propinándole una brutal paliza, golpeándola violentamente en los miembros superiores y en la cabeza hasta que cayó al suelo, momento en el que fue golpeada reiteradamente con el objeto contundente y apuñalada en la espalda y cuello de forma repetida hasta que al arma utilizada (cuchillo de cocina) se le rompió la hoja tras asestar hasta 61 puñaladas lo que le causó un sufrimiento desmesurado hasta lograr su objetivo que no era otro que causarle la muerte".

Para el magistrado, existen "serios indicios" de la participación de los sujetos investigados en la causación de la muerte violenta de la joven, siendo así "plenamente compatible la causa de la muerte con una actuación violenta producida sobre la finada con arma blanca y objeto contundente". De este modo, diversos testigos relataron cómo aquélla mañana se personaron los tres investigados en el domicilio de la víctima, pudiéndose escuchar gritos desde el interior del domicilio -"socorro, socorro, que me matan, ayudadme, que me matan"-, y que "inmediatamente se dejaron de oír más gritos, saliendo a continuación de la casa de la víctima" los tres acusados y huyendo a bordo de un Peugeot color blanco, del que sería usuario Francisco Javier.

"NO LE DIERON POSIBILIDAD DE DEFENDERSE"

Además, añade que los acusados habrían acabado con la vida de Anabel, atacando a su víctima de "manera sorpresiva y encontrándose ésta en una clara situación de desproporción de fuerzas respecto de sus agresores, quienes no le dieron posibilidad ni oportunidad alguna de defenderse".

El magistrado considera que resulta "procedente y necesario" acordar la apertura del juicio oral, pues del total contenido de las diligencias instructoras practicadas, se deriva la existencia de indicios racionales de criminalidad contra Elena N.S., Rosa N.S. y Francisco Javier M.R. en relación a los hechos; que los hechos relatados pueden ser tipificados como un delito de asesinato por "la concurrencia de alevosía y ensañamiento", tal como sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, así como las acusaciones particulares y la Junta de Andalucía en nombre y representación de los menores -la víctima, a la fecha de los hechos, tenía cuatro hijos-.

Todo ello "sin perjuicio de la posible apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, tales como las agravantesde abuso de confianza, abuso de superioridad, y/o de discriminación; y sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a losmismos en conclusiones finales/definitivas y por el órgano sentenciador.

Además, en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que en esta causa "no concurre ninguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que no pueden aceptarse las pretensiones deducidas en tal sentido por las defensas de los acusados".

Asimismo, indica que los acusados habrán de ser juzgados por la comisión de los hechos en concepto de acusados y el órgano competente para enjuiciar los hechos en la Audiencia Provincial de Sevilla es el Tribunal del Jurado.

25 AÑOS DE CÁRCEL PARA CADA UNO DE LOS ACUSADOS

La Fiscalía de Sevilla, en su escrito de acusación, solicita 25 años de cárcel por un delito de asesinato, por la concurrencia de alevosía y ensañamiento, con la agravante de abuso de confianza, para cada una de las tres personas encarceladas por su presunta vinculación con el asesinato de Anabel Deza Vázquez. Asimismo, reclama que, por los daños morales causados, los acusados indemnicen a cada uno de los cuatro hijos de la víctima con 153.400 euros, así como que abone 15.400 euros a las dos hermanas mayores de la fallecida.

Los acusados, según la Fiscalía, mataron a Anabel Deza "de manera sorpresiva y encontrándose en una clara situación de desproporción de fuerzas respecto de sus agresores, sin darle oportunidad de defensa eficaz, asegurando la muerte sin riesgo para sus personas y sabedores del grave martirio a la que la estaban sometiendo para lograr el propósito final de acabar con su vida".

En su escrito, el Ministerio Fiscal asevera que "la brutal, despiadada y repetida paliza" propinada por los acusados ocasionó a la víctima "grandes, evidentes e injustificados padecimientos", provocándole numerosos traumatismos en la cabeza y en las manos, así como lesiones por arma blanca en la cara, el cuello, donde se localizaron 17 heridas inciso-punzantes, o la espalda, donde sufrió hasta 33 heridas.