Según ha señalado el sindicato en un comunicado, "la Administración sanitaria pone en riesgo los servicios de transporte de las urgencias extrahospitalarias, así como el traslado programado de pacientes, dejando este último a que lo organice la empresa ganadora del concurso".

Así, "el transporte sanitario urgente rebaja y empeora los servicios a los ciudadanos, disminuyendo el número de ambulancias presenciales de 24 horas", que están ubicadas en el centro de salud que les corresponde, y pasan a "estar localizadas en el domicilio del técnico de transporte sanitario, aumentando así los tiempos de activación de las ambulancias hasta 15 minutos".

Con el nuevo pliego, "del total de ambulancias a contratar para el servicio de transporte urgente casi el 60 por ciento estarán localizadas, sobre todo en los pueblos con mayor dispersión y lejanía de los grandes hospitales de referencia".

En el anterior contrato, según ha indicado FSP-UGT, las ambulancias "estaban todas como presenciales, dado que su activación era inmediata, y desde el minuto cero o próximo a cero se ponía en marcha la ambulancia para acudir al lugar del accidente o la emergencia". Al pasar "el tiempo de activación de la ambulancia de cero (inmediata) a 15 minutos (localizada) conlleva un retraso en la asistencia de un ciudadano que avisa al 061".

A ello se suma que "empeoran las condiciones laborales de los trabajadores de estos servicios de ambulancias, mermando nuevamente sus retribuciones y afectando negativamente al empleo", con lo que "la Junta de Andalucía deja en la estacada a los trabajadores, beneficiando a los empresarios".

En opinión del sindicato, también "se pretende contratar ambulancias no asistenciales, que son para el transporte de pacientes en camilla, que necesitan de un solo conductor o técnico de transportes sanitario, como ambulancias asistenciales, retorciendo la Ley, para ahorrar injustificadamente. A día de hoy solo en la capital se dota de dos técnicos en las ambulancias asistenciales, pero no en los pueblos de la provincia, tratando a estos ciudadanos como de segunda categoría".

Por todo ello, el sindicato se reserva "el derecho de interponer un recurso especial, en materia de contratación pública, contra esta licitación", a la vez que pide "medidas cautelares, para impedir las infracciones de este procedimiento y que causen perjuicios a los trabajadores y a los ciudadanos de la provincia de Córdoba".

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