Así lo ha asegurado en un comunicado el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, después de conocer el requerimiento del Gobierno de España para crear una comisión bilateral y así evitar el posible recurso de inconstitucionalidad.

"Queremos un sector más profesionalizado y que preste un mejor servicio donde el propio titular de la autorización sea quien explote el servicio y se establezca un contacto directo entre usuario y taxista que será el primer interesado en tener el vehículo en las mejores condiciones", ha dicho.

Domingo ha mostrado su "sorpresa" por las cuestiones ante las que el Ejecutivo de Rajoy plantea una posible inconstitucionalidad: por una parte, que la ley solo contemple personas físicas y no jurídicas y, por otra, la creación de los centros de distribución de servicios.

En este sentido, el director general se ha mostrado sorprendido porque ya la Ley de Movilidad de 2012 de la Comunitat Valenciana recogía que los taxistas fueran solo personas físicas y no jurídicas, como lo recogen también otros textos legislativos en otras comunidades autónomas, la más reciente la de Murcia en 2014 o las de Galicia, Castilla la Mancha o Cantabria, "sin que el Gobierno central haya presentado ningún recurso o reparo al respecto".

Ha explicado que la Generalitat, al contemplar solo a personas físicas, tiene como único objetivo "mejorar la calidad del servicio y beneficiar al usuario y porque al apostar por un modelo sin licencias acumuladas no tiene sentido contemplar a personas jurídicas".

Por otra parte, la ley crea la figura de los centros de distribución de servicios de taxi, con forma de sociedad mercantil o cooperativa, que podrá agrupar titulares de autorizaciones de taxi, como instrumento para el desarrollo tecnológico y de mejora en la prestación del servicio. De esta manera, "se podrá concentrar la oferta de los servicios y mejorar su comercialización".

Por ello, desde la Generalitat defenderán esta figura porque hasta ahora "los centros que existen están intermediando en un servicio impropio en la Comunitat y lo que queremos es que tengan un domicilio fiscal, social y la sede física en la Comunitat".

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