Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial
Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial TURISMO ANDALUZ/EUROPA PRESS

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los primeros afectados fueron un hombre y una mujer que se pusieron supuestamente en contacto con la empresa del acusado, promotora de la construcción de las viviendas en la urbanización Los Huertos de Darro, en la comarca de Guadix, para establecer un contrato de reserva con fecha 31 de enero de 2007, en virtud del cual entregaron 3.210 euros.

El precio de la vivienda era de 126.000 euros, y el contrato de compraventa se formalizó el 2 de marzo de 2007, habiendo entregado estos dos denunciantes un total de 27.178 euros "de los que se apropiaron los acusados ilícitamente". Se había fijado la entrega de la casa antes de marzo de 2009, pero ello nunca llegó a suceder porque las obras de construcción de estas viviendas "en ningún momento se llevaron a cabo".

En este periodo, la empresa del acusado fue absorbida por otra, cuya titular era su hija, "quien actuaba de común acuerdo con el mismo y con idéntico ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar", según ha considerado la Fiscalía. Con posterioridad, se produjo un cambio de titularidad en fecha de enero de 2008 para que esta segunda empresa fuera administrada por el padre.

Hicieron supuestamente uso de anuncios publicitarios sobre la promoción de viviendas y a través de Internet, con el soporte de otra inmobiliaria "gestionada igualmente por los acusados", quienes "ni siquiera, al tiempo de concertar tales contratos tenían la disponibilidad de las fincas sobre las que iban a llevar a cabo la construcción de las viviendas".

Para "dar una supuesta credibilidad a la construcción que debían realizar y convencer a los denunciantes, se solicitó por el acusado" una "licencia de obras en fecha 28 de septiembre de 2006 para la construcción de dichas viviendas sin ser aún dueños del solar donde se debían construir", mantiene el fiscal.

Con un modo de proceder similar, actuaron con otro denunciante del que se habrían apropiado un total de 26.184 euros por una vivienda en la carretera del Suspiro del Moro de la provincia de Granada, que "se dejó de construir" en septiembre de 2008, "coincidiendo con la última entrega a cuenta".

Los hechos podrían ser constitutivos de un supuesto delito continuado de estafa, o, alternativamente, de apropiación indebida, por los que la Fiscalía pide tres años de prisión a padre e hija, además de multas por 4.320 euros.

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