ANPE ha presentado este martes el balance del servicio del Defensor del Profesor del curso 20016-2017, del que se desprende que el número de docentes que ha sido atendido en el curso pasado ha sido de 31, lo que supone un 61,2 por ciento más de los registrados en el de 2015-2016, cuando sumaron 19. Además, esta cifra supone la más alta desde 2012.

Así lo han explicado la presidenta provincial de ANPE-Málaga y coordinadora provincial de El Defensor del Profesor; y la secretaria de Comunicación de ANPE-Málaga, Lidia Quiles Ruiz, en rueda de prensa, en la que han precisado que el nivel educativo en el que se han registrado más incidentes han sido en Educación Primaria, con 14 casos; nueve en Secundaria; dos en Infantil y el resto en las demás enseñanzas.

Por otro lado, entre el total de los caos, el 31 por ciento de las llamadas recibidas fueron relacionadas con alumnos, mientras que el 41 por ciento fueron con los padres.

En concreto, de las llamadas relacionadas con los alumnos, el 76 por ciento de los docentes manifiesta problemas para dar clase y falta de respeto por parte de los jóvenes; el 14 por ciento de los casos fueron en relación con el uso de nuevas tecnologías como herramienta de acoso; el ocho por ciento de los casos fueron agresiones y los daños a la propiedad fueron el dos por ciento.

Asimismo, sobre las llamadas recibidas relacionadas con los padres, el 86 por ciento fueron por acoso, insultos y falsas acusaciones por parte de las familias a docentes; las denuncias y juicios por parte de las familias fueron el once por ciento de los casos y la presión para modificar notas, el tres por ciento de los casos.

Por otro lado, el 28 por ciento de las llamadas recibidas fueron en relación con los problemas con la administración educativa; y el 67 por ciento de docentes dice que no siente el apoyo del equipo directivo, frente al 33 por ciento. Asimismo, precisan que sólo el ocho por ciento han sido apoyados por el servicio de Inspección Educativa.

Entre las conclusiones del informe destacan que el curso 2016-2017 marcó "un cambio de tendencia" descendente que venía produciéndose en los tres últimos cursos, aumentando un 63 por ciento el número total de casos.

En cuanto a alumnos, destacan el gran aumento de casos en lo relacionado con agresiones, amenazas e insultos y faltas de respeto al docente, pasando de 69 por ciento al 76 por ciento. Sobre los compañeros, el curso pasado aumentó cuatro puntos porcentuales -del 24 al 28 por ciento- lo relacionado a problemas con la administración educativa y en un punto lo relacionado con la dirección del centro.

En lo que se refiere a los padres, se observa un aumento en las denuncias y acusaciones falsas a profesores -del 84 al 86 por ciento- al igual que en la presión para modificar calificaciones -de un uno por ciento a un tres por ciento-.

CONSECUENCIAS

Como consecuencia de las situaciones, han incidido en los cuadros de ansiedad que sufren prácticamente el cien por ciento de los docentes y de ellos, además, el 18 por ciento reconoce estar en un estado de depresión y el 13 por ciento han causado baja médica.

Asimismo, se han enumerado algunos casos concretos ocurridos en la provincia el curso pasado, como fue un juicio por agresión física a una madre y otro pendiente de señalamiento; tres docentes ridiculizados e injuriados en las redes sociales; insultos en la calle; amenazas de muerte; abalanzamiento en el centro educativo con agresiones; falsas denuncias de padres en la Delegación de Educación e instancias policiales y judiciales; apertura de expedientes disciplinarios no fundamentados suficientemente; y cuatro casos de posible acoso laboral.

Por su parte, han recordado que mediante el Servicio del Defensor del Profesor, ANPE, ofrece asesoramiento administrativo, asesoría judicial y apoyo psicológico al profesorado que es lo que la mayoría busca cuando acuden al servicio, garantizando la confidencialidad de dados, "esencial desde nuestro punto de vista porque el profesorado desea mantener el total anonimato".

Por otro lado, se han referido a las exigencias para reducir estas situaciones, precisando, entre otros, el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad del Profesorado; actualización de los protocolos de actuación para los casos de agresiones al profesorado que sean "ágiles y de aplicación inmediata"; y el desarrollo de un plan de mejora de la convivencia escolar "realmente efectivo" y dotado de medios tanto económicos como humanos por parte de la Consejería de Educación.

También piden el garantizar un plan de seguridad en los centros educativos; asistencia psicológica a los profesores afectados; "el fin de la política de recortes" en los programas educativos; la "inminente" bajada de ratios en las aulas; mayor dotación de profesorado de apoyo en los centros; e impulsar una campaña de concienciación social dirigida a los padres sobre su tarea educativa y la colaboración estrecha con el centro educativo.