Pese a no compartir la decisión del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo "acata" la sentencia, según han informado fuentes del gabinete de Iñigo Urkullu.

Desde el Gobierno autonómico se ha recordado que esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en 2015, no fue impulsada por el Ejecutivo, sino que se trato de una iniciativa planteada por los propios grupos de la Cámara autonómica.

En todo caso, desde el gabinete de Iñigo Urkullu se ha recordado que cuanto el Gobierno español recurrió la norma, el Ejecutivo vasco defendió el "pleno encaje constitucional" de la ley del 'fracking', primero en el proceso de negociación bilateral con el Gobierno central y, con posterioridad, a través de las alegaciones presentadas ante el TC.

El Ejecutivo autonómico ha lamentado que el Tribunal Constitucional haya optado por la decisión "más drástica", la anulación de varios de los apartados de la norma, y ha afirmado que no está "de acuerdo" con la interpretación que hace el TC. Además, ha recordado que varios magistrados del tribunal han discrepado de la sentencia a través de un voto particular.

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