Explican que se ha adoptado esta decisión "ante la situación en la que nos encontramos a estas alturas, donde apreciamos una radicalización de ciertos sectores contra la agricultura y la fractura social que la misma puede desencadenar entre los agricultores y el resto de la sociedad", lo que "mostraría una visión distorsionada del sector agrario que siempre ha defendido la necesaria la adopción de medidas efectivas para la recuperación y conservación del buen estado del Mar Menor de modo compatible con la actividad agraria, y sin eludir nuestro compromiso".

En ningún caso, añaden en comunicado de prensa, "deseamos que por encima de la defensa del sector agrario se pueda alimentar una fractura social entre nuestro sector y el resto de la sociedad".

Por ello, reitera, una vez más, que "la defensa de nuestras posiciones no radica en el rechazo a un Decreto que establezca medidas a la agricultura para contribuir a la recuperación del Mar Menor del que formamos parte, sino, insistimos, en la propia redacción del actual Decreto- Ley, plagado de imprecisiones que introducen inseguridad jurídica y administrativa" tanto a quienes tienen que poner en marcha tales medidas (agricultores) como a quienes tienen que vigilar y exigir su cumplimiento (administración), "así como a la ausencia de elementos imprescindibles (infraestructuras) y a la falta de consenso técnico y científico sobre la eficacia de algunas medidas".

Finalmente, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena indica su temor a que tanto las medidas contempladas en el Decreto y sus enmiendas estén creando en la sociedad "excesivas expectativas de recuperación del Mar Menor", que, a su parecer, "no se conseguirán sin infraestructuras, sin una Ley Integral que actúe sobre todos los sectores y sin disponer de agua de calidad".