El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de este miércoles, mostrar su disconformidad con una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario UPN para regular el sistema integrado de atención sociosanitaria de Navarra, por entender que parte de las propuestas planteadas ya se están realizando y "no es necesario crear una nueva sistema independiente de los recursos sanitarios y sociales ya existentes".

En el acuerdo, el Ejecutivo asegura que los departamentos de Salud y de Derechos Sociales comparten la necesidad de "desarrollar un sistema que preste, de forma real y eficiente, una atención integrada a las personas teniendo en cuenta sus necesidades sanitarias y sociales (educativas, laborales, etc.)", pero entiende que la proposición de ley planteada no es la forma idónea para alcanzar estos objetivos.

En este sentido, asegura que no es necesaria la creación de una estructura diferenciada de atención sociosanitaria, paralela a las redes ya existentes sanitaria y social. "La creación de una cartera independiente de prestaciones y servicios puede llevar al solapamiento de recursos" y a un "aumento del coste", argumenta el Gobierno.

En opinión del Ejecutivo, el desarrollo de una atención integrada sociosanitaria pasa por un cambio en el modelo de atención, "de forma que, independientemente de la puerta de entrada, se tenga en cuenta a la persona en su conjunto y se realice una detección preliminar de necesidades". Para ello, apuesta por la organización y coordinación de los dos sistemas y también por desarrollar nuevos servicios en cada uno de ellos que complementen algunas carencias asistenciales. Entre estos, cita las unidades de recuperación funcional, la extensión de servicios de ayuda a domicilio, y la fisioterapia domiciliaria.

Igualmente, el Gobierno destaca la errónea técnica legislativa, ya que "no genera nuevos derechos ni deberes. Simplemente se remite a las legislaciones específicas de salud y derechos sociales."

Por último, recuerda que tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y el Consejo General de Trabajo Social defienden también la existencia de dos redes diferenciadas entre sí, pero coordinadas.