En un comunicado, en respuesta a que la Xunta proponga inicialmente una sanción de 21.520 euros y haya suspendido temporalmente el funcionamiento del laboratorio vigués hasta que no presente una certificación, la administración local ha incidido en que el Gobierno gallego "sigue haciendo política con el agua de Vigo".

En relación con ello, ha mantenido que el laboratorio municipal "está en las mismas condiciones que con gobiernos anteriores" (incluidos los del PP), y "por lo tanto, las analíticas actuales tienen la misma validez que las que se hacían entonces". "La Xunta era conocedora desde hace décadas de la situación sin que tomase decisión alguna para resolverlo", ha apostillado.

Recuerda, además, que "quien realiza los análisis de agua en la red de abastecimiento de la ciudad es Aqualia, y sus resultados indican que es potable y siempre fue potable"; y llama la atención en que las analíticas realizadas por la Xunta en el mes de diciembre pasaron de 11 en el año 2016 a 772 en 2017. "Por cierto, que esas 772 analíticas mostraron que el agua de Vigo es potable", ha dicho.

"Las únicas analíticas que dan por encima de los valores recomendados por la normativa son las realizadas en algún centro educativo de la Xunta, y por eso, desde este Gobierno municipal llevamos meses reclamándole que cambie las tuberías y resuelva el problema", concluye el comunicado.