Eva Ortiz durante una de sus intervenciones en las Corts. Archivo
Eva Ortiz durante una de sus intervenciones en las Corts. Archivo PPCV

La portavoz adjunta del PP en las Corts valencianes, Eva Ortiz, ha anunciado este martes que su formación llevará en los próximos días a la Fiscalía la documentación sobre la ayuda de 140.000 euros del Consell a la empresa Carns de Morella por si el ejecutivo valenciano hubiera incurrido en un delito de prevaricación, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV)

"que pone en duda la ayuda a esta entidad privada", ha señalado.

Así lo ha avanzado Ortiz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que ha explicado que en el anteproyecto de ley de presupuestos de 2016 había una ayuda nominativa a esta empresa por 140.000 euros. A su juicio, "estamos ante un posible delito de prevaricación por parte del Consell al aprobar un anteproyecto con una subvención a una empresa privada sin ninguna justificación como dice la propia Abogacía de la Generalitat, el director general y el TSJCV".

Ortiz ha explicado que tras conocer la subvención, la formación solicitó información sobre el informe que da pie a esa ayuda pero se les negó "reiteradamente". "Acudimos a la Justicia para solicitar la documentación, pero la Abogacía de la Generalitat se excusa en que no llegó a recogerse en los presupuestos finalmente aprobados por las Corts e insiste en que no hay ningún informe que avale el interés público para otorgar una subvención nominal", ha puntualizado.

SENTENCIA DEL TSJCV

La portavoz 'popular' ha señalado que "finalmente se acaba de dictar una sentencia por parte del TSJCV en que dice que la respuesta de la administración no tiene sentido" porque "no es posible que se apruebe una ayuda en favor de una empresa privada por 140.000 euros y que no exista ningún informe ni documentos que justifiquen el interés público de esa subvención".

"La pregunta que se hace el propio TSJCV, ha puntualizado la diputada 'popular', es "cómo surge esa subvención nominativa si no hay ningún informe. Y también señala que va a seguir adelante para cumplir la sentencia".

Ha explicado que paralelamente, en el ayuntamiento de Morella el PP pidió el listado de socios de esta empresa, pero el consistorio "niega la documentación", por lo que acudieron a los tribunales que, según ha apuntado, condenaron al ayuntamiento a entregar esa información, que "siguen sin facilitar".

"No sabemos qué quieren ocultar ni qué problema hay en conocer quién forma parte de ese 50 por ciento privado. Igual hay alguna sorpresa similar a la de las ayudas a los medios de comunicación propiedad del hermano de Ximo Puig", ha apuntado Ortiz.

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