Esta modificación tiene como finalidad adaptar el decreto al nuevo régimen jurídico estatal regulador del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.

Entre otras medidas, estos cambios permitirán financiar el 50 por ciento de la factura a los consumidores en riesgo de exclusión social que sean beneficiarios del bono social (con anterioridad a la aplicación de ese descuento), evitando que el suministro de energía eléctrica de su vivienda habitual pueda verse interrumpido por impago.

Asimismo, se pretende hacer efectivo el mecanismo de cofinanciación establecido en la normativa estatal con la finalidad de que sean los operadores del sector eléctrico y el propio sistema quienes financien la parte de la factura no cubierta por la Administración a los consumidores en riesgo de exclusión social, según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Por otra parte, se mantiene la cobertura a los ciudadanos de la región que, aun no cumpliendo los requisitos estatales establecidos para ser consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, cumplan los requisitos autonómicos para ser beneficiario de las ayudas para suministros mínimos vitales relativos a su vivienda habitual, incluyendo no solo la energía eléctrica, sino también el agua potable, el gas natural y el gas butano.

Por último, se reúne en una única norma y con cargo a la misma financiación autonómica y convocatoria las ayudas para suministros mínimos vitales a conceder a los ciudadanos de la región, con independencia de si se es o no consumidor en riesgo de exclusión social en los términos establecidos en la normativa estatal en la materia.

De este modo, el decreto garantiza un marco normativo que facilite su comprensión y conocimiento por los ayuntamientos beneficiarios para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales.

SERVICIO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la implantación del servicio tecnológico 'Gestión de Enfermedades Crónicas en la Comunidad Autónoma de Extremadura'.

Este aplicativo permitirá compartir la información clínica a los profesionales de los diferentes ámbitos de atención a pacientes con enfermedades crónicas y les proporcionará ayudas específicas para la toma de decisiones.

De acuerdo con el convenio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se compromete a mantener una oficina técnica mediante la cual asesorará a la Comunidad Autónoma de Extremadura en los procedimientos que sea necesario aplicar para implantar el servicio tecnológico en este territorio.

Asimismo, el Servicio Extremeño de Salud se compromete a mantener una oficina técnica que actuará como interlocutor con el Ministerio y que se encargará de velar por la correcta gestión, implantación y seguimiento del plan de despliegue y de la prestación del soporte una vez implantado el servicio tecnológico en la comunidad.

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