Ana Castaño y Aurelio Martín
Ana Castaño y Aurelio Martín EUROPA PRESS

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón llevará al próximo Pleno una proposición para que el Gobierno local presente en la Comisión de Urbanismo un protocolo que contemple medidas para simplificar y agilizar la solicitud y resolución de las ayudas al alquiler.

Entre otras medidas, se propone, como ejemplo, el establecimiento de un plazo máximo de resolución y la concesión por silencio administrativo, el carácter retroactivo de las ayudas o la concesión automática de las solicitudes de prórroga con comprobación posterior, al objeto de acortar los plazos de resolución y abono de las ayudas.

Así lo han anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio, el portavoz y la concejala de IU en Gijón, Aurelio Martín y Ana Castaño. IU, en su propuesta, también pide consensuar con la oposición la citada propuesta de protocolo antes de que se debata en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa).

Martín, en este sentido, ha recalcado que en 2016 hubo 4.009 beneficiarios de estas ayudas, a las que se destinaron casi cuatro millones de euros. Ha incidido, además, en que estas ayudas acumulan retrasos, tanto en la concesión primera como en las siguientes prórrogas. De hecho, ha apuntado que muchas veces no llega la prórroga a tiempo y esos meses sin respuesta no se abonan.

Asimismo, ha remarcado que algunos retrasos pueden llevar a casos de desahucio, o cuanto menos generan un problema. Y aunque ha señalado que IU es partidario de un control, cree que este no debe causar problemas a la gente. Para Martín, se debe a un problema más de organización que de falta de personal, aunque también ha considerado que a Foro parece no importarle no gastar las partidas previstas.

Sobre esta cuestión, Castaño ha abogado por que se tenga en cuenta una declaración jurada en la que el beneficiario diga que no hay cambios en su situación económica. Asimismo, ha recalcado que a quien no se le abona a tiempo esta subvención le genera deudas y debe ir a Servicios Sociales, por otra vía, para pedir ayuda para poder pagarlas.

Unido a ello, la concejala de IU ha opinado que Emvisa está actuando como empresa privada, cuando debe regirse por criterios públicos y con todas las garantías, que incluyen plazos y posibilidad de recursos.

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