El presidente del Parlament, Roger Torrent, afronta el próximo martes su primer gran dilema legal: aplazar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, delegar la decisión al pleno o desoír la medida cautelar del Tribunal Constitucional (TC) sobre la candidatura de Carles Puigdemont.

Torrent, que asumió el cargo el pasado 17 de enero en la sesión constitutiva del Parlament, mantiene de momento el pleno del próximo martes, convocado para debatir y votar la "investidura del diputado Carles Puigdemont", según concreta el escrito de convocatoria que firmó el pasado jueves.

No obstante, en torno a esta convocatoria sobrevuelan numerosos interrogantes, sobre todo después de que el TC acordara el sábado una medida cautelar, en respuesta al recurso del Gobierno central, que impide una investidura a distancia de Puigdemont.

La respuesta del TC iba acompañada de un requerimiento en el que se advertía a los miembros de la Mesa de la cámara catalana de las responsabilidades, incluidas las penales, en que podrían incurrir si desobedeciesen esta suspensión.

Pese al cúmulo de especulaciones sobre un eventual retorno de Puigdemont, diversas fuentes soberanistas no dan credibilidad alguna a la hipótesis de su vuelta, dado que se le abriría un futuro judicial tan incierto o más que el de los cuatro presos independentistas que permanecen encarcelados.

El próximo martes por la mañana, antes de que arranque el pleno convocado para las 15.00 horas, la Mesa tiene previsto reunirse para abordar los detalles de una sesión de investidura, para la que, presumiendo que Puigdemont no esté presente, se abren al menos cuatro posibles escenarios:

Las fuerzas constitucionalistas presionan a Torrent para que desconvoque el pleno del martes y abra una nueva ronda de consultas parlamentarias para acabar proponiendo a un candidato a la investidura que no sea Puigdemont.

Desconvocar o aplazar de antemano el pleno sería una manera de esquivar problemas legales, al frenar en seco la investidura de Puigdemont, si bien de las declaraciones de hoy del portavoz de ERC, Sergi Sabrià, en las que llamaba a mantenerse "firmes" frente al "feroz embate" del Estado, restan opciones a esta hipótesis.

Otra posibilidad que a priori tampoco comportaría riesgos judiciales sería permitir que arrancase el pleno fijado para las tres de la tarde, exponer la situación generada a raíz del acuerdo adoptado por el TC y abrir un turno de intervenciones entre los portavoces parlamentarios.

Una vez se hubiesen posicionado los grupos, Torrent podría levantar la sesión sin llegar a desarrollar el debate de investidura, a la espera de que el TC se pronuncie definitivamente, y no mediante una medida cautelar, sobre la candidatura de Puigdemont.

Para intentar evitar que se le abra una causa judicial, aunque sin garantías de lograrlo, Torrent podría mantener la convocatoria del pleno, iniciar la sesión constatando que Puigdemont no ha podido acudir al hemiciclo y trasladar al pleno de la cámara la decisión de aceptar o no la celebración de la investidura, permitiendo que el candidato delegue su discurso en otro diputado de su grupo.

Las fuentes consultadas dan por hecho que esta hipótesis de traspasar al "pleno soberano" la decisión de tirar adelante o no la sesión de investidura implicaría una cadena de peticiones de reconsideración por parte de Ciudadanos, el PSC y el PPC.

Pese a que esta opción de trasladar al pleno la responsabilidad de una decisión comprometedora ya la empleó su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, Torrent y su grupo, ERC, podrían decantarse por esta fórmula, ante la presión de Junts per Catalunya y la CUP.

Sus votos a favor bastarían para que prosperara la decisión de seguir adelante con la investidura a distancia de Puigdemont, sobre la que los letrados del Parlament ya se pronunciaron en contra.