El Parlament de Cataluña aprobó ayer la Ley del Derecho a la Vivienda con los votos en contra de CiU y el PP, que consideran inadmisible el alquiler forzoso de los pisos que lleven desocupados durante dos años en zonas con una alta demanda de vivienda. (la ley, en pdf)

El PP anunció que llevará la ley ante el Tribunal Constitucional por este polémico punto del que el Consell Consultiu de la Generalitat ya consideró que podría ser anticonstitucional .

El conseller de Medio Ambiente y Vivienda , Francesc Baltasar, defendió en el Parlament el contenido de la ley porque "se ajusta plenamente a la legalidad" y pretende corregir los problemas más graves del sector de la vivienda que, según ha indicado, "afectan a los derechos básicos de los ciudadanos de disponer de una vivienda".

Artículo modificado

Sobre el polémico artículo 42.6, Baltasar afirma que "ha tenido una trascendencia excesiva" y ha señalado que se trata de preservar tanto el derecho a la vivienda como "la función social de la propiedad".

Tras el dictamen del Consell Consultiu, el articulado ha sido modificado y ahora contempla mayores garantías jurídicas para el propietario.

Sin embargo, el artículo 4.6 sigue diciendo que, una vez agotadas todas las medidas para tratar que las viviendas se incorporen al mercado de alquiler los pisos vacíos, "la Administración puede proceder a la declaración de incumplimiento social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso".

Si pasados dos años sin que se haya corregido la situación de desocupación, la Administración "puede expropiar el usufructo de la vivienda, no la vivienda como tal, por un período no superior a cinco años, para alquilarla a terceros".

Los primeros decretos de la nueva ley serán aprobados por el Gobierno catalán el próximo mes de enero.