La sentencia considera probado que el 18 de septiembre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao decretó la incapacitación de la víctima, que pasó a ser tutelada por la persona que gestionaba el centro. Con anterioridad, la mujer incapacitada ya estaba interna en la residencia, y tenía como posesiones cinco fincas rústicas y un total de 130.000 euros.

La tutela de la víctima por la procesada se prolongó hasta el 3 de febrero de 2015, fecha en la que fue removida de su cargo en la residencia por auto judicial firme.

El coste mensual de la permanencia de la interna en el centro asistencial ascendía a 2.150 euros. La gerente de la residencia ordenó el 13 de mayo de 2010 una transferencia de 15.000 euros de la cuenta de su tutelada, cuando la cantidad adeudada por ésta era de 8.600, que correspondía a cuatro meses. Posteriormente, realizó otros reintegros hasta sumar la cantidad de 66.000 euros, restadas las mensualidades que debía la víctima.

Aunque la Fiscalía solicitó tres años de prisión por estafa agravada, ambas partes llegaron a un acuerdo y, finalmente, la Audiencia vizcaína ha condenado a la encausada a un año y medio de cárcel, a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo durante ese tiempo, al pago de las costas procesales y al abono a la víctima de 66.000 euros.

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