Así, según han informado fuentes del caso a Europa Press, se ha citado al delegado el próximo 1 de febrero; mientras que el día 2 tendrá que comparecer, también como investigada, otra funcionaria de la administración regional.

Asimismo, entre el 5 y el 19 de febrero está previsto un total de once declaraciones testificales dentro de esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y contra el medio ambiente por omisión, así como falsedad.

En esta causa, ya han comparecido como investigados en el juzgado empresarios y varios cargos públicos, como la alcaldesa, Rosa Arrabal, y el exregidor José Alberto Armijo.

Éste negó que cometiera infracción alguna en su etapa como regidor, apuntando que la situación en este espacio era "conocida y consentida". Así, rechazó, igualmente, que se hicieran advertencias de ilegalidad.

La Guardia Civil ha llevado esta investigación, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento en el juzgado.

El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; "un espacio protegido"; y existe desde hace unos 15 años, según la querella, resultando de las investigaciones que se está "vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas".

Esto supondría, según lo actuado inicialmente, un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas. Este espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas.

Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.

Además, según la investigación inicial, las empresas encargadas de la explotación habrían expedido "certificaciones falsas" a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado. En este sentido, la Guardia Civil apunta a la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros.

Consulta aquí más noticias de Málaga.