Uber
Un usuario maneja la aplicación de Uber. ARCHIVO

El Tribunal Supremo ha puesto en práctica la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre Uber del 20 de diciembre de 2017. En concreto y según la nota de prensa, el alto tribunal ha estimado sendos recursos de la Generalitat de Cataluña y ha revocado las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona que dieron la razón a la empresa y anularon dos multas de 4.001 euros que le había impuesto la Administración por infracción muy grave de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.

Las multas se emitieron ante "la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte".

Ahora, el Supremo ordena devolver las actuaciones a los dos juzgados al ajustarse a la sentencia del Tribunal de la UE, que consideró en diciembre que Uber es un servicio de transporte puesto que se trata de un "servicio de intermediación que tiene por objeto conectar mediante una aplicación de teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano". Por ello y pese a las sentencias recurridas, la actividad que desarrolla Uber ha de calificarse como tal.  

Además, la falta de regulación autonómica al respecto lleva al Supremo a señalar que se debe aplicar la regulación estatal de Transportes Terrestres y su correspondiente régimen sancionador. Añade también que la actividad desarrollada por Uber "no es un mero servicio de intermediación sino que constituye una parte sustancial de la prestación de servicio de transporte de viajeros".