Esas nuevas unidades estarían formadas por médicos «incentivados y que no aleguen objeción de conciencia», explicó Chaves en una entrevista a RNE.
«Autocrítica»
La sanidad pública sólo se hace cargo del 5% de abortos practicados en el país. Por eso Chaves aboga por crear estas unidades. Y también por hacer «autocrítica sobre la actitud» del sistema público en los casos de interrupción voluntaria del embarazo. Además, apuesta por «abrir la sanidad pública a este derecho de las mujeres».
El Foro Andaluz de la Familia opina que la propuesta sólo significa «trasladar el problema de lo que supone la destrucción de una vida». Su postura es que las mujeres que no puedan hacerse cargo de sus hijos «cumplan con el embarazo» y den a los niños en adopción. El PP pide a la Junta que aclare si las clínicas privadas que interrumpen embarazos en la comunidad cumplen la ley y que ofrezca garantías de que no hay casos como el de las clínicas de Barcelona.
Tanto la Federación de Mujeres Progresistas como la Asociación de Mujeres Progresistas Juristas (Astrea) apoyan la medida –la califican de «coherente»–, «muy esperada por muchas mujeres». El Sindicato Médico Andaluz, por su parte, responde a la propuesta de Manuel Chaves con otra proposición: «Igual que se ofrece la opción del aborto, que se incentive del mismo modo la fecundación in vitro».
Asistencia ginecológica
Para el Sindicato Médico Andaluz, antes de ofertar más servicios hay que «adecuar la asistencia ginecológica actual, que padece déficits en personal y recursos». Hay profesionales, asegura, que «están haciendo hasta 48 horas semanales para cubrir la demanda». También recordó que el sindicato defenderá la libertad de conciencia de los médicos y que cualquier servicio que entre a formar parte de la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe ser consensuado con los profesionales.
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