Oposiciones de empleo público
Imagen de una prueba para acceder a un puesto en la administración pública. CEDIDA

El anteproyecto de Ley de Función Pública, aprobado este viernes en el pleno del Consell, prevé una reserva del 50% de plazas de cada Oferta Pública de Empelo (OPE) al turno libre para "incorporar savia nueva y ofrecer expectativas a los jóvenes".

Así lo ha avanzado la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, en la que ha estado acompañada por la vicepresidenta Mónica Oltra.

Sobre el acceso a las oposiciones, Bravo ha subrayado que "se apuesta por dar mejores oportunidades". "La ley nos da instrumentos -ha añadido- para ofrecer expectativas a los jóvenes, a los estudiantes, para que las oposiciones sean atractivas". Así, se garantiza que todos los años se tiene que convocar un turno libre al menos del 50% de las plazas vacantes. Al mismo tiempo se llevarán a cabo los procesos de consolidación y estabilización de empleo para interinos y, de esta manera, "acabar con la precariedad", ha dicho la consellera.

Además, el anteproyecto -diseñado para solventar los problemas detectados por una comisión de expertos constituida en marzo de 2016- incluye una novedad importante respecto a la selección del personal funcionario interino, ya que sólo podrán inscribirse en las diferentes bolsas de trabajo quienes hayan aprobado al menos una prueba del proceso selectivo al que aspiren.

Así mismo, las relaciones de puestos de trabajo incluirán la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano que se establezca en el futuro reglamento de desarrollo de la nueva ley.

Al respecto, la consellera ha explicado que la exigencia del conocimiento del valenciano vendrá determinada en cada uno de los puestos a los que se opte y ha detallado que se reclamará el Mitjà para el A1 y A2; el Básico para el C1 y el C2; y el Conocimiento Oral para agrupaciones profesionales.

Por otro lado, la nueva norma obliga a la Generalitat a ofrecer mayor seguridad a los interesados en trabajar en ella. Por ese motivo, se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal.

De esta manera, ha explicado Bravo, las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria. Además, la ley incluye la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas.

Por otra parte, desde el Consell han apostado por una Administración "mucho más profesionalizada" y ha incorporado un nuevo rango de figura: el personal directivo profesional, cargo intermedio entre los políticos y los funcionarios que tendrá características especiales y que podrá ser interno o ajeno.

Esta figura "tendrá un estatuto propio en el que se configurarán retribuciones vinculadas a objetivos; estarán obligados a la rendición de cuentas como máximos responsables del servicio que dirigen; contribuirán a la profesionalización y permitirán contar con personal ajeno a la Administración". Sobre este último punto, ha aclarado: "No serán coladeros para entrar personas enchufadas".

CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El anteproyecto incluye, además, medidas para luchar contra la corrupción y que consisten en un régimen de protección del personal empleado público que, de buena fe, formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o cualquier tipo de irregularidad en actuaciones de altos cargos o personal de la Administración.

Así, el procedimiento establece que se mantendrá en secreto la identidad de la persona que formule la alerta o denuncia, así como la prohibición de cualquier represalia. Ya en el ámbito de la formación, la nueva ley reconocerá el derecho del personal a la orientación y asesoramiento profesional para avanzar en el curso de su carrera.

Por otro lado, el anteproyecto de ley incorpora una serie de medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas, que se propicie un uso no sexista del lenguaje y la importancia de las medidas acordadas en los Planes de Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat.

En todo caso, la ley recogerá la prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación y, en general, apostando por la conciliación desde la corresponsabilidad.

Para fomentar este último concepto, el permiso de paternidad se ampliará en dos semanas -de cuatro a seis- que se tendrán que disfrutar en las dos semanas inmediatamente posteriores al nacimiento, acogimiento o adopción.

Además, el anteproyecto establece que no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las víctimas de violencia de género.

Respecto a esta última materia, el anteproyecto se establece que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza reduzca su jornada en un 30% o menos para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se mantendrán íntegras.

Además, la nueva normativa también está orientada a facilitar que las empleadas víctimas de violencia de género tengan más fácil la movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de que lo precisaran.

Por último, el anteproyecto de ley incluye una drástica reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 76.

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