Así lo revelan los datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ofrecen información sobre la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

En concreto, en las Islas entre los días 1 de julio y 30 de septiembre, los juzgados y tribunales dictaron dos sentencias en procedimientos por corrupción y ambas fueron condenatorias con conformidad.

A nivel nacional, se concluyeron en este periodo un total de 20 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 99 persona.

Los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales).

80 POR CIENTO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, los juzgados y tribunales dictaron 21 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9 por ciento del total, según los datos del CGPJ.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Por otro lado, el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en el último trimestre del año pasado fue de 69, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística.

Por último, y en lo que respecta a la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario -como penados o en situación de prisión preventiva-, a 1 de enero de 2018 había en España 74 penados -en 40 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y 13 preventivos.