Así se señala en un auto del juzgado, en el que se requiere a los acusados para que presten fianza con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponérsele, siendo en el caso de la exregidora y de la entidad de Conservación Urbanística el Hacho la cantidad de 289.546 euros y en el del alcalde de 58.692 euros.

Esta es una de las piezas que se instruye en dicho juzgado en las que está acusada o investigada la exregidora y otros miembros de coporaciones municipales de Manilva. En concreto, en esta causa se investiga el trasvase de fondos entre 2009 y 2012 desde el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística colaboradora 'El Hacho'; así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello.

La Fiscalía solicita ocho años de prisión para la exregidora, al acusarla de dichos delitos con carácter continuado; mientras que para el alcalde y otras cuatro personas pide cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, está acusado un asesor, para el que el ministerio público pide que se le impongan siete años de cárcel.

El ministerio público entiende que, "con pleno conocimiento de su ilicitud y a pesar de la oposición de la Tesorería Municipal, de la Intervención y de la Tesorería de la Seguridad Social", tanto Muñoz como la junta de gobierno, donde estaba el actual alcalde, ordenaron una serie de operaciones de mandamiento de pago "por conceptos no presupuestados" del Ayuntamiento a 'El Hacho'.

El alcalde ha asegurado que los que estaban en dichas comisiones de gobierno "actuamos para hacer frente a una situación extrema y muy desagradable en 'El Hacho', como era que los trabajadores llevaban ocho meses sin cobrar las nóminas", apuntando que las cantidades "estaban avaladas por los propios recibos en ejecutiva de la entidad y se devolvieron ese mismo año".

Por esto, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que "todos los que actuamos somos inocentes y estoy deseando que llegue el juicio para demostrarlo", apuntando que le resulta "desproporcionada" la petición de pena del fiscal. Jiménez no se plantea dimitir; al contrario, "quiero presentarme a las próximas elecciones", ha dicho.

En la resolución dictada por el juzgado, se declara que el órgano competente para celebrar el juicio es la Audiencia Provincial de Málaga y se acuerda el sobreseimiento provisional parcial respecto de cinco personas que estaban como investigados hasta ahora, entre los que se encuentran familiares de la exregidora.