El concejal de Economía y portavoz, Baldomero Oliver
El concejal de Economía y portavoz, Baldomero Oliver EUROPA PRESS/AYTO.GRANADA

Así lo ha indicado, a preguntas de los periodistas, el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver, después de que el Consejo de Administración de Emucesa, la empresa mixta que gestiona el cementerio de San José, acordara este pasado miércoles presentar una denuncia por la vía penal contra la edil del PP María Francés y el exconcejal Eduardo del Moral, por supuestas contrataciones irregulares en esta entidad, que entonces era cien por cien pública, y también contra las cinco personas que ostentaron esos puestos.

Según Baldomero Oliver, a la vista del informe jurídico del Ayuntamiento que ha dado pie a la denuncia, "la única decisión posible" pasaba por llevar a los tribunales el asunto para "mayor garantía" de la ciudad, ante "la gravedad de los hechos" y pese a que "algunos bromeen" con "los informes de los informes".

"Lo que estamos haciendo es aclarar las cosas" con "todas las garantías de defensa" para los denunciados, ha mantenido Oliver, quien, en su valoración política de la cuestión, ha señalado que se empieza "a ver claro de dónde procede, en parte, el agujero económico que tiene el Ayuntamiento" y se pueden "atar cabos de cómo es posible que una empresa que, en principio, era altamente rentable, el PP tuviera la feliz idea de privatizarla en parte en su día".

Para el portavoz del equipo de gobierno, también se pone de manifiesto "el criterio político con el que durante 15 años se ha estado gobernando esta ciudad", anteponiendo "intereses que no son generales al interés de la ciudad", los cuales, "a la larga y por acumulación", producen "una auténtica ruina de lo público".

Estas declaraciones se producen después de que Emucesa acordara el miércoles llevar a los tribunales la supuesta contratación de personas afines al PP en esta entidad durante el mandato de este partido en el Ayuntamiento de Granada, después de que el informe jurídico encargado al efecto haya apuntado que en cinco de ellas no consta actividad laboral alguna.

También se denunciará a las cinco personas que fueron contratadas sin que, de acuerdo a los últimos informes técnicos y jurídicos que se han elaborado al respecto, acudieran a trabajar a la empresa, que en aquellos momentos era cien por cien pública.

El informe jurídico concluye que entre 2003 y 2012 se firmaron contratos de alta dirección que beneficiaron a seis personas y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y tuviera mesa de trabajo allí. Del resto, se expone que no se conoce ningún trabajo realizado ni que hayan asistido a la sede de Emucesa.

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