La creación de esta comisión de investigación se ha aprobado en el pleno que la Asamblea de Extremadura celebra este jueves, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, cuyo diputado, José Ángel Sánchez Juliá, ha explicado que esta iniciativa quiera "dar luz a la penumbra" en la que la Junta de Extremadura tiene sometida esta legislatura.

En la justificación de la solicitud del Grupo Popular, Sánchez Juliá ha recordado que desde mediados de 2016, el PP ha solicitado "hasta en seis ocasiones información sobre las contrataciones realizadas en el sector público en general, y en la empresa Gisvesa en particular", a lo que ha obtenido como respuesta "el más absoluto de los silencios".

"¿Cuánta gente habrán contratado para no poder dar ni un listado de los contratados?", se ha planteado Sánchez Juliá, quien ha respondido que "han convertido a la empresa pública Gisvesa en una empresa de contratación de socialistas", ya que de las 41 últimas contrataciones, 19 de ellas han sido personas "con una clara vinculación con el PSOE".

Esta situación pone de manifiesto "la utilización de administración pública al servicio de un partido", para "colocar amigos y compañeros", ha aseverado el diputado del PP, quien ha planteado "cómo es posible que uno de cada dos contratados en Gisvesa tenga una contratación directa con el PSOE", tras lo que ha ironizado planteando si es "casualidad" o "superioridad genética" de los socialistas.

Por todo ello, Sánchez Juliá ha realizado una serie de preguntas, como cuáles han sido los criterios de selección para contratar a estas personas y qué titulaciones se han reclamado, y ha aclarado que esta contrataciones "no se trata de personal de confianza o directivo", sino que es personal técnico o administrativo a través de encomiendas de gestión.

Se trata de un "escándalo mayúsculo" que a juicio del diputado del PP tiene que ser investigado en la Asamblea de Extremadura, ya que "no son hechos puntuales ni contrataciones de urgencia", sino al hecho de que "en los últimos dos años, uno de cada dos contratados tienen vinculación con el PSOE".

Sánchez Juliá ha destacado que para saber si esta situación se da solo en Gisvesa o también en otras empresas públicas, el Grupo Popular reclama que esta comisión de investigación se extienda a la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura, y ha añadido que como el PP no tiene "nada que esconder", piden que esta comisión se remonte al año 2007 y hasta la actualidad.

EL PSOE APOYA LA COMISIÓN

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Carlos Labrador ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los 1.200 trabajadores de las empresas públicas de Extremadura, ya la Junta de Extremadura y el PSOE "van a estar ahí para defender sus derechos", y les ha reconocido su "esfuerzo y contribución" para "hacer la vida más fácil a los extremeños".

"Frente a la derecha que lleva en sus genes la privatización", Labrador ha reafirmado la defensa del PSOE por los derechos públicos, y ha destacado la "transparencia" en la gestión del sector público empresarial de la región.

Respecto a la empresa Gisvesa, el diputado socialista ha destacado que a lo largo de los años "ha realizado una importante labor para que los extremeños pudieran tener acceso a la vivienda", y ha reafirmado que la contratación de las personas a través de encomiendas de gestión se ha realizado a través de "convocatoria de empleo públicas, transparentes y de libre concurrencia".

Labrador ha reiterado que los "méritos y la capacidad han sido el criterio seguido para proceder a sus contrataciones" de estas personas en Gisvesa, entre las que según ha señalado, en relación al PP, "también los hay de su ideología, cercanos a su partido, pero también cercanos a otros partidos".

En ese sentido, el diputado socialista ha puesto de manifiesto la "doble moral del PP", que a su juicio consiste en que "cuando una persona es cercana al PSOE hablan de enchufismo", y cuando es cercano al PP, "hablan de que ha accedido por capacidad y mérito" al puesto.

En su intervención, Labrador ha querido dejar claro que la enmienda parcial que el Grupo Socialista presentó a los Presupuesto de Extremadura para 2018 y que fue rechazada, iba dirigida a ampliar el capital social de Gisvesa.

En cualquier caso, Labrador ha anunciado que el Grupo Socialista sí apoyará la creación de esta comisión de investigación, ya que "ni la Junta ni el Grupo Socialista tienen inconveniente alguno en discutir aquí de las contrataciones en empresas públicas".

PODEMOS HABLA DE "NEOCACIQUISMO"

Por su parte, el diputado del Grupo Podemos Daniel Hierro se ha mostrado "completamente de acuerdo" en la creación de esta comisión de investigación, ya que a su juicio, el "neocaciquismo existe en Extremadura", no solo en la administración regional, sino también en los ayuntamiento.

Daniel Hierro ha recordado que Podemos ha denunciado varios procesos de este tipo en la región, como el 'caso Salustiano' o el 'caso Batuta', por lo que ha destacado que "bienvenida sea esta comisión de investigación" para dar luz a la contratación en empresas públicas, aunque ha criticado el "oportunismo" del PP al sacar a la luz este caso cuando la Junta y la formación morada llegaron a un acuerdo sobre los presupuestos de la comunidad para 2018.

En ese sentido, el diputado de Podemos ha defendido la existencia de empresas públicas, ya que a su juicios "son necesarias para Extremadura", pero ha rechazado que éstas se conviertan en "administraciones paralelas", sino que sus contrataciones sean "limpias y transparentes".

"Vamos a estar en esta comisión", ha señalado el diputado de Podemos, quien ha reclamado que esta comisión "sea abierta, para que puedan entrar los periodistas, y los ciudadanos sepan qué pasa cada día", y ha confiando en que sirva para esclarecer este asunto.