La Junta de Gobierno de la Comuidad de Regantes.
La Junta de Gobierno de la Comuidad de Regantes. EUROPA PRESS

Los doce integrantes de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de Riaza, expuestos a doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación, han alegado que cuando en 2015 subastaron un monte público, propiedad del Ayuntamiento de Nava de Roa (Burgos), para cobrar así la deuda por riegos contraída por dicho Consistorio, actuaron convencidos de hacerlo conforme a la Ley de Aguas y tras asesorarse con datos y "hechos" de que se trataba de una mera parcela de regadío.

"Creímos que estábamos cumpliendo con nuestra obligación, pues de lo contrario tendríamos que haber dimitido", ha resumido, casi en calidad de portavoz de los encausados, José Luis P, quien, al igual que sus compañeros de banquillo, persiste en la idea de que los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno los días 13 de mayo y 22 de octubre de 2015, en el primer caso acordando embargar la parcela en cuestión y en el segundo sacándola a subasta, eran totalmente legales y la única opción de cobrarse los 90.000 euros de deuda que el Ayuntamiento de Nava de Roa (Burgos) había contraído durante seis años al no afrontar los pagos por el riego de esa tierra.

Pese a reconocer que recibieron sendas comunicaciones remitidas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos en las que se les advertía de la ilegalidad de tales acuerdos por tratarse de un monte de utilidad pública, todos los síndicos acusados han coincidido al señalar que los informes del recaudador ejecutivo de la Comunidad de Regantes-declara mañana como testigo-, así como del Catastro y de la Confederación Hidrográfica del Duero certificaban que aquel terreno era de "regadío ordinario", ya que está destinado a dicho fin y al viñedo.

"Somos un órgano administrativo y nuestros mandamases son la CHD y la Administración central, no la Junta de Castilla y León, y nuestra obligación es cobrar por el uso del agua", insiste José Luis P, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, asegura que en caso de haber sabido que estaban cometiendo una ilegalidad no habrían seguido para adelante.

TIERRA DE REGADÍO DESDE HACE UN SIGLO

El acusado, al igual que el también síndico procesado José Antonio P, de avanzada edad y que ha testificado en la Audiencia de Valladolid desde una silla de ruedas, mantienen que la tierra objeto de conflicto "es de labor desde hace un siglo, desde que en 1900 se acordara así por la hambruna", a lo que añade el hecho de que cuando la empresa estatal Seiasa ejecutó en la zona obras de modernización de regadío, financiadas con fondos europeos y que estuvieron expuestas dos años para alegaciones, ni el Ayuntamiento de Nava ni la Junta exigieron que el Monte Abellón fuera excluido del proyecto.

"Si lo hubieran hecho, nos habrían ahorrado todos estos problemas", lamenta José Luis P, que coincide también con los otros once procesados en que actuaron en todo momento asesorados por el recaudador ejecutivo, quien fue el que tomó la decisión de embargar la finca, sin que les advirtiera de la ilegalidad de dicha actuación. "Estábamos obsesionados con hacer las cosas conforme a la ley, y actuamos en la creencia de que así era", reitera el síndico.

El juicio prosigue este jueves. Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los miembros de dicha comunidad, encargada de la gestión y mantenimiento desde 2012 del Canal de Riaza y la explotación de su zona regable, su inhabilitación especial por espacio de doce años para empleo o cargo público.

La acusación pública mantiene que el Consistorio solicitó la baja de riego de esta parcela tras advertir a la Comunidad de Regantes que la misma se hallaba enclavada en el Monte Abellón, declarado de Utilidad Pública desde 1930 e incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos, estando afectada al Dominio Público Forestal, con lo que no se podía computar como zona de regadío.

Pese a ello, la Comunidad de Regantes, en abril de 2013, acordó la improcedencia de dicha baja considerando que el Ayuntamiento debía seguir sujeto al abono de la tarifa de utilización del agua y, por tanto, a las consecuencias derivadas en caso de impago.

El no abono de la tarifa llevó a los encausados, por edicto aprobado el 13 de mayo de 2015, al embargo de la parcela 'Monte Abellón', medida que siguió adelante pese a las continuas advertencias de ilicitud penal realizadas desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y del propio Ayuntamiento de Nava, que recordaron el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de dicha zona debido a su consideración pública.

Con todo, ante la deuda reclamada al Consistorio de Nava por no afrontar éste sus gastos en concepto del riego de la parcela, los procesados aprobaron por unanimidad celebrar subasta de la parcela 'Monte Abellón' y adjudicar la misma a uno de los dos postores que concurrieron a la misma.

Ante ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por orden de 23 de septiembre de 2016, recuperó la posesión de la parcela y posteriormente la Delegación Territorial de la Junta en Burgos puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid, que formuló la denuncia correspondiente.

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