Agentes de la Guardia Civil han registrado, por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, las sedes en Barcelona de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat -donde se centraliza el sistema informático de la administración catalana-, según han informado fuentes policiales, en el marco de la pieza secreta que abrió la semana pasada Llarena dentro de la causa que investiga por rebelión.

En el despacho del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, en la sede de la entidad soberanista en Barcelona, los agentes han buscado correos electrónicos que habría intercambiado con miembros del Govern cesado. 

Fuentes de esta entidad soberanista, a través de un mensaje difundido por las redes sociales, han pedido a sus seguidores que se mantengan "serenos y calmados" porque no tienen "nada que esconder" y son "gente de paz".

Días antes del 1-O, en concreto el 22 de septiembre, un grupo de trabajadores y voluntarios de la ANC evacuaron todo el material destinado a la campaña para el referéndum independentista que guardaban en su sede, tras recibir "rumores" de que la Guardia Civil iba a proceder a un registro que finalmente no se llegó a practicar.

La Guardia Civil sí que se ha personado este miércoles en la sede de esta entidad independentista, donde han esperado la llegada de Jordi Pina, el abogado de Jordi Sánchez, para proceder al registro de su despacho y volcar sus correos electrónicos.

Los agentes ya han abandonado la sede de la ANC después de hacer una copia del correo de Sànchez. Cinco efectivos policiales se han ido con dos coches después de estar unas tres horas en el local de la entidad independentista.

Pina ha asegurado este miércoles que el exlíder independentista conservará su acta de diputado en el Parlament.

"Ha podido valorarlo recientemente y ha decidido conservar su acta de diputado", ha explicado en declaraciones a los medios tras acudir a la sede de la ANC, donde la Guardia Civil recaba los correos electrónicos de Sánchez desde el 28 de abril de 2016 hasta su detención hace 100 días.

Pina ha considerado normal la entrada del Instituto Armado y la ha enmarcado dentro de la pieza secreta que el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso, Pablo Llarena, notificó a las partes: "No hay más incidencia".

El registro del despacho de Sànchez lo están practicando dos agentes, vestidos de paisano.

Paralelamente, seis agentes de paisano de la Guardia Civil han irrumpido en la sede de Òmnium Cultural, también la Ciudad Condal, con un requerimiento de información, y han sido atendidos por el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, y la abogada de Cuixart, Marina Roig.

La Guardia Civil ha requerido el volcado del correo electrónico de Cuixart, entre mediados de abril de 2016 y finales de octubre de 2017.

Los agentes de la Guardia Civil también se han dirigido al CTTI, que ya registraron el pasado 20 de octubre por orden de un juez de Lleida que investiga la supuesta inacción de los Mossos d'Esquadra sobre el referéndum del 1-O.

En concreto, varios agentes de paisano han entrado por orden judicial en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que centraliza la gestión del sistema informático de la administración catalana, incluidas las cuentas de correo oficiales y comunicaciones.

La Guardia Civil ha requerido en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), en L'Hospitalet de Llobregat, el volcado de los correos electrónicos del expresidente del Govern Carles Puigdemont, los exconsellers de su Ejecutivo, la Mesa del Parlament de la anterior legislatura y de los representantes de los grupos parlamentarios.

Llarena acordó la semana pasada abrir una pieza secreta, dentro de la investigación que tiene abierta por un delito de rebelión contra los miembros del Govern cesado, de la Mesa del Parlament y los líderes de las entidades soberanistas, por promover y organizar un proceso unilateral hacia la independencia.

Según apuntan algunas partes personadas en la causa, la diligencia ordenada este miércoles por Llarena podría tener como objetivo investigar la financiación de las entidades independentistas, concretamente si éstas han recibido dinero público de la Generalitat que podrían haber usado para financiar el referéndum del 1-O.

En este sentido, cabe recordar que VOX, que ejerce la acusación popular en la causa del Supremo, ya denunció ante el Servicio de Banca y Capitales del Banco de España (SEPBLAC) sospechas sobre posibles irregularidades en el origen y el destino de los fondos recibidos por ambas organizaciones para su financiación.

Precisamente, este miércoles hace 100 días que los dos responsables de las entidades soberanistas ingresaron en la prisión de Soto de Real, en Madrid.

Desde el perfil oficial de Òmnium en Twitter, la entidad ha agradecido las "muestras de apoyo" ante la actuación de la Guardia Civil aunque ha hecho un llamamiento a la calma a sus socios y simpatizantes: "La situación es de absoluta tranquilidad. Por eso os pedimos que nadie se desplace".

El propio vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que esta actuación "entra dentro de la normalidad", por lo que la situación es de "calma, tranquilidad" y "hoy no hace falta que venga nadie aquí".

Mauri, por otro lado, ha considerado que la actuación de la Guardia Civil es "un elemento más de esta situación de absoluta anormalidad democrática y judicialización de la política" que se vive en Catalunya.

Ha valorado que, durante el día en que se cumplen 100 de la "vergüenza democrática" del encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, la Guardia Civil entre por primera vez en la sede de la entidad, con 56 años de historia y 100.000 socios, referente en el ámbito de la cultura y los derechos civiles en Catalunya, ha destacado.

Mauri ha insistido en que es una anormalidad democrática ya que, en sus 56 años de historia, nunca se había encarcelado a un presidente de Òmnium pese a que la entidad sí había sido clausurada durante el franquismo.

"No tiene ningún sentido. Es una vergüenza. Debería sonrojar a cualquier demócrata catalán, español y europeo", ha asegurado.

El presidente de ANC, Agustí Alcoberro, ha pedido que los simpatizantes de esta plataforma independentista no acudan a la sede de la entidad, donde la Guardia Civil está registrando el despacho de Sanchez, ya que ve "normal" esa diligencia.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de la entidad, Alcoberro, ha pedido a sus simpatizantes que no se desplacen hacia el local para darles apoyo porque "no hay ninguna necesidad".

Alcoberro ha pedido "tranquilidad", ya que la diligencia se está llevando a cabo con "absoluta normalidad" y no se está produciendo ningún hecho que implique ningún "cambio cualitativo" importante en el procedimiento judicial abierto a los promotores del proceso unilateral a la independencia, por el que Sànchez lleva cien días en prisión.

Según el líder de la ANC, el registro se está produciendo de una forma "absolutamente ordenada y coordinada" entre los trabajadores de la plataforma independentista y los agentes de la Guardia Civil.

Alcoberro ha precisado que los agentes están volcando los correos electrónicos de Jordi Sànchez hasta que ingresó en prisión, hace hoy cien días, y que está convencido que su contenido se enmarcará en las "labores normales de un presidente de la ANC", que es una entidad "cívica, pacífica" y que ha funcionado siempre de forma "ordenada y democrática".

El líder de la ANC, que asumió el cargo en sustitución de Sànchez cuando éste fue encarcelado por rebelión y sedición, ha lamentado que el registro coincida con el hecho de que se cumplan cien días desde que el activista independentista ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real.

En este sentido, ha insistido en que es "muy grave" que Sànchez siga todavía encarcelado.

Sànchez está en prisión desde hace cien días, al igual que el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, acusado de incitar la multitudinaria concentración del pasado 20 de septiembre para tratar de impedir el registro de la sede de la conselleria de Economía, en el marco de la investigación judicial para evitar el referéndum independentista del 1-O.

Los Mossos d'Esquadra se han personado a las puertas de ambas plataformas soberanistas para garantizar el orden público en la zona mientras se practican las diligencias.

El juez del Supremo Pablo Llarena ha levantado el secreto que había impuesto sobre una pieza separada del sumario sobre el proceso hacia la declaración de independencia porque el objetivo de dicha medida era permitir la sorpresa en los registros que se han realizado hoy en sedes independentistas.

De ese modo, según fuentes del alto tribunal, una vez culminadas esta mañana las entradas y registro en busca de documentación y correos electrónicos en las sedes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, además de en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, el secreto ya no tiene objeto y queda anulado.

El secreto parcial fue impuesto el pasado día 12 por Llarena, que dictó una providencia imponiéndolo por quince días.