Al respecto, fuentes judiciales han detallado a Europa Press que el juicio se celebrará este miércoles, el jueves, los días 31 de enero y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero.

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, durante los años 2006 y 2007 ambas acusadas ostentaron los citados cargos y en el transcurso de los dos años, supuestamente "actuaban de mutuo acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio", durante la gestión de la asociación de manera "caótica", según el fiscal.

En este sentido, relata que "incumplieron la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas, sin llevar un control de la contabilidad, ni libros de ingresos y gastos, cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias ni balance ni tampoco hojas de dietas", al tiempo que, según el Ministerio Público, realizaron "numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador".

Además, explica que ambas acusadas, "partiendo de que las cuentas bancarias que tenía la UMEC eran mancomunadas con dos firmas autorizadas de la presidenta y secretaria", supuestamente aprovecharon "la inexistencia del más mínimo control" de la situación económica de la asociación y "fueron incorporando a su patrimonio importantes cantidades de dinero sin justificación alguna".

Así, por ejemplo, y a pesar de que el cargo de presidenta "no era retribuido", esta decidió, "unilateralmente y con conocimiento y consentimiento de la otra acusada", asignarse unos ingresos mensuales de 2000 euros para lo cual cada mes extendía un talón bancario contra las cuentas de la UMEC, por la mencionada cantidad, que era firmado por ambas acusadas y cobrado íntegramente por la primera, "disfrazando el ingreso de esa cantidad mensual como cobro de dietas", según el fiscal.

Asimismo, la acusada supuestamente ordenó que el día de su cumpleaños se le ingresara la cantidad de 1.500 euros e incluso ordenó que la factura de reparación de su vehículo particular fuera abonada por la UMEC, ascendiendo a mil euros el importe de la factura.

"FRAUDULENTAS MANIOBRAS"

Igualmente, la procesada presentó al cobro por la UMEC facturas emitidas por sociedades de las que era titular. Por ejemplo, según relata el fiscal, cobró una factura por muebles de segunda mano por 9.960 euros, factura que fue emitida por una empresa de su propiedad; dos facturas emitidas por una sociedad, que es una comunidad de bienes de ambas acusadas por importe de 4.060 y 2.320 euros, y cuatro facturas emitidas por otra empresa, también propiedad de la expresidenta.

En relación a esta última sociedad, el fiscal destaca que siendo única socia la acusada, "el importe de 3.000 euros desembolsado para constituir la sociedad en noviembre de 2006 fue abonado mediante un cheque emitido por la UMEC el día anterior a la constitución de la sociedad".

La acusada, como presidenta, era usuaria de una tarjeta de crédito de la UMEC, con la que supuestamente realizó gastos y extracciones, "sin justificación alguna", que ascienden a unos 6.341 euros, "pese a que no se autorizara a la presidenta para obtener una tarjeta de crédito para extracción de dinero".

En definitiva, el Ministerio Público detalla que debido a las "fraudulentas maniobras" resultó que en el año 2006 ambas acusadas "desviaron fondos de la UMEC" en una cantidad de 23.545 euros. En el año 2007 las cantidades desviadas al patrimonio de las acusadas ascienden a 75.795 euros. En relación al año 2007, hasta el 29 de marzo de 2007, fecha de cese de la secretaria, las diferencias desviadas ascienden a 48.554 euros. Y desde esa fecha hasta el 28 de septiembre de 2007, fecha de cese de la presidenta, las diferencias ascienden a 48.776 euros.

SUSPENDIDO

Cabe recordar que dicho juicio fue suspendido en mayo del año 2014 después de que las defensas presentaron actas de las asambleas con la aprobación de cuentas de 2006 y 2007, con la valoración de "la posible ausencia de perjuicios", por lo que la causa fue devuelta al Juzgado de Instrucción.

Al respecto, según indicaron desde la defensa de la expresidenta, "no hay nadie perjudicado" en este caso por una supuesta apropiación indebida, al tiempo que apoyaron el archivo o dictar "una resolución absolutoria".