La Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha celebrado este martes el juicio contra el funcionario, identificado como L.F.A.G., para el que la Fiscalía solicitaba siete años y medio de prisión y 18 años y seis meses de inhabilitación por presuntamente vejar y abusar de cinco reclusas, dos de las cuales no han testificado durante el juicio, por lo que el Ministerio Público ha retirado de su escrito de acusación dos delitos contra la integridad moral y la responsabilidad civil por estas víctimas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía atribuía al investigado cinco delitos contra la integridad moral -tras finalizar la sesión de este martes los ha reducido a tres-, un delito de abuso sexual y un delito de actividades prohibidas a los funcionarios.

Además, la Fiscalía pedía para el acusado un año de prisión y dos años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral; dos años y medio de cárcel y siete años y tres meses de inhabilitación por el delito de actividades prohibidas a los funcionarios, y el pago de una multa de 7.200 euros por el delito de abuso sexual.

De igual modo, reclamaba que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en su condición de tercero responsable civil directo, indemnizará con un total de 6.500 euros a las cinco internas víctimas de las vejaciones, rebajadas por la ausencia de dos de las víctimas en las testificales.

Durante el interrogatorio, el funcionario encausado ha negado "todo" y ha reconocido que en su declaraciones anteriores apuntó que las internas declararon contra él "por presión" de la directora, quien, según el funcionario, tiene "poder y capacidad" para el cambio en el grado de las reclusas.

En este sentido, el encausado ha expuesto tres "desencadenantes" de la "animadversión" de la directora contra él, que apunta como causa de la investigación. Así, ha indicado la queja presentada por el trabajo ejercido por una funcionaria "ajeno" a sus atribuciones. El segundo hecho es la inclusión de una interna, a petición de la jefa de servicio "por presión de la directora", en un parte realizado por una pelea múltiple de reclusas y cuya participación "yo no vi", ha afirmado el funcionario.

El tercer hecho es el documento firmado por "56 funcionarios" de la prisión en el que se denunciaba supuestos tratos de favor por parte de la dirección a Isabel Pantoja, ingresada en 2014 en la prisión de Alcalá para cumplir con la pena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. Según ha apuntado el acusado, la directora de la prisión "me lo adjudicó" a mí, aunque "ya no estaba en el centro".

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